La propuesta del presidente de la Federación de Ganaderos en Colombia, José Félix Lafaurie de crear con los ganaderos el “grupo de reacción solidaria inmediata” traducido como “grupo de seguridad privada”, supuestamente para cuidar la propiedad, forma parte del viejo modus operandi de los grupos paramilitares que han usado entidades privadas para ejercer lavado de activos, despojo de tierras, criminalidad, asesinatos y desplazamientos forzados.
¿Recuerdan ustedes a Ramón Isaza? Conocido como el “Mocho” o “El Viejo”, quien fuera comandante de los paramilitares Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y dirigiera los grupos de seguridad privada denominados “Los Escopeteros” y Autodefensas de Boyacá, estos coordinados con el Ejército Nacional de Colombia, para adelantar varios operativos de vigilancia con la fuerza pública (Policía) y reducir la acción insurgente en el territorio. Dichos grupos “Eran auspiciados financieramente por ganaderos, hacendados y madereros.” (dice el documento de más de 4000 páginas en el que reposa la condena en su contra).
Pero, ¿Dónde estaban ubicados esos grupos para poder delinquir? “Los principales centros de coordinación de estos grupos paramilitares se encontraban en el Batallón Bárbula, con sede en Puerto Boyacá; en el Comando Operativo N° 10 del Ejército, ubicado en Cimitarra; los Batallones Luciano D’Elhuyar, localizado en San Vicente de Chucurí; también en los servicios de inteligencia de las unidades tácticas adscritas a la Brigada V, de Bucaramanga (Santander), y XIV del Ejército, radicada inicialmente en Cimitarra y posteriormente en Puerto Berrío (Antioquia)”, establece la providencia.
No es extraño que Fedegan haya publicado el 17 de septiembre de 2022, en su página web el siguiente titular, la “Policía Nacional y ganaderos articulen contraofensiva ante la invasión de tierras”.
Lafaurie, como todo buen paramilitar, habla en un tono desafiante y altisonante al decir que “no está pidiendo permiso” para crear el “grupo de reacción solidaria inmediata” o “grupo de seguridad privada”. Atreviéndose a decir que “los criminales no se saldrán con la suya”. Pareciera que se está hablando a él mismo. Pues hay un sin número de testimonios de exjefes paramilitares que afirman de su participación con grupos narcoparamilitares.
No es casualidad, la declaración del exgobernador del departamento de Córdoba, Benito Osorio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que afirmó, que, el Fondo de Ganaderos de Córdoba, entidad que dirigió durante los noventa, se había aliado con los grupos paramilitares para apropiarse de tierras de forma ilícita. Además, informó que, Lafaurie le habría pedido al jefe paramilitar Salvatore Mancuso apoyar a Mario Iguarán en su aspiración de ser fiscal general de la Nación, y habría entregado información sobre los magistrados encargados de elegirlo para que Mancuso los presionara.
Lafaurie también habría participado en la entrega de sobornos a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que escogieran a Mario Iguarán como fiscal, así lo reveló el columnista Yohir Akerman, revista Cambio.
Mancuso corroboró las declaraciones de Osorio al decir en una carta que, “todo fue verdad y lo hemos dicho desde hace años ante los magistrados de Justicia y Paz”. Además, de asegurar que “eran tan cercano al empresario” al punto que “él, intervino en ese discurso de la misma manera que en otras tantas situaciones y temas de la vida política y económica de la región y del país, en un tipo de alianza gremial, política y militar que ha tenido alcances que la sociedad colombiana aún no ha llegado a imaginar».
Como si fuera poco, Lafaurie, habría contratado a José Miguel Narváez el determinador del homicidio del periodista Jaime Garzón e ideólogo de los paramilitares cuando era presidente de Fedegan. Además de defender a ganaderos vinculados con los paramilitares, caso el Fondo Ganadero de Córdoba, cuna de despojo de tierras a manos de los paramilitares, según el periodista e investigador Ariel Ávila.
Los viejos grupos paramilitares hoy estrenan nombre “Grupo de Reacción Solidaria Inmediata” pretenden pasar con una nueva fachada para seguir desangrando al pueblo colombiano, como lo hicieron, reconocidos ganaderos en las Convivir Papagayo, que operó en Urabá. La organización se amparó legalmente en el decreto 356 de febrero de 1994, expedido por el gobierno de César Gaviria, pero fue contralada por paramilitares. Así lo reveló el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Hebert Veloza, HH, quien contó que las Convivir de Urabá se crearon para “recaudar unos fondos de forma legal para que las empresas no tuvieran problemas jurídicos, que pudieran sacar de sus cuentas y que fuera legal la salida de esos dineros”.
En esta reorganización paramilitar, no podía faltar el espaldarazo del expresidente Álvaro Uribe Vélez a Lafaurie, diciendo que “tarde o temprano aparece la justicia privada para no dejar invadir terrenos”, lo dice Uribe, un hombre cuestionado por ser el mayor terrateniente de Colombia, investigado por las masacres el Aro y La Granja; principal defensor del Grupo paramilitar “las Convivir”.
Aquí las preguntas son, ¿Cuál es la propiedad privada que piensa defender Lafaurie? ¿Será que los paramilitares vestidos de ganaderos no están dispuestos a que los campesinos (propietarios originales) recuperen sus tierras, y ahora, los estén haciendo pasar por invasores? ¿Qué pasa con la Corte Suprema de Justicia que ante tantas pruebas no inicia una investigación en contra de Lafaurie? O ¿será que Lafaurie tiene platica invertida en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía, y por eso estaba afanado en que Mancuso lo ayudara en la elección de Mario Iguarán? ¿El gobierno del Pacto Histórico seguirá dando recursos a una empresa de cachos paramilitares?
Referencias
Ariel Ávila
Sobre el autor
