Por Rutas del Conflicto
En la madrugada del 4 de marzo de 1988, cerca de 30 paramilitares al servicio de la casa Castaño irrumpieron en las fincas bananeras de Honduras y La Negra, en Turbo, Antioquia. 17 obreros en Honduras, y 3 más en La Negra, la mayoría del Sindicato de Trabajadores Agrarios y militantes de la Unión Patriótica, fueron apartados y fusilados. Tras la masacre, esas tierras fueron despojadas y los suelos donde existieron los hogares de las comunidades fueron reemplazados con filas del monocultivo de banano.
Según la investigación “Despojo y memoria de la tierra”, de la Comisión de la Verdad, lo que ocurrió después de esas masacres demostró cómo multinacionales bananeras, bancos, fiducias, instituciones del Estado y paramilitares, interactuaron en un entramado que resultó en el despojo masivo de tierras campesinas. La investigación explica que la tierra se utilizó como activo financiero, donde hipotecas y movimientos demostraron la mediación de los bancos sin importar que se tratara de predios despojados.
Esa intermediación del sistema financiero no solo ocurrió en esa zona del Urabá antioqueño, también pasó en varios lugares del país. Aunque la responsabilidad de las entidades financieras ha comenzado a quedar en evidencia con las sentencias de restitución de tierras, todavía está por esclarecerse qué tanto participaron en la cadena de despojo y la acaparación de tierra en Colombia.
Las sentencias demuestran que en Colombia existió un entramado de actores y estrategias para despojar la tierra de comunidades rurales. Los fallos de restitución de tierras concluyen que hubo inversionistas y empresas que se beneficiaron del conflicto armado y se lucraron con las fincas que quedaron abandonadas por la violencia.
En esos casos, el sistema financiero contribuyó para que las tierras terminaran en manos de empresarios, políticos y otros grupos de poder. Para Fabián León, investigador de la ONG, Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos, las entidades financieras “participaron directamente en este entramado en el lavado del despojo de tierras”, es decir que sirvieron para legalizar las ventas de esas hectáreas.
El coordinador jurídico de Forjando Futuros, Julio Cuastumal, explica que había un modus operandi para que las empresas se enriquecieran a costa de las tierras de las comunidades ruralres. Cuastumal se refiere a la sistematicidad de la que hablan muchas sentencias de restitución.
En los casos de despojo hay características que son comunes: los grupos paramilitares llegaron a las regiones causando terror con masacres y amenazas, lo que ocasionó desplazamientos. Entonces, los campesinos llegaron a los cascos urbanos con hambre y con deudas, por lo que no pudieron seguir respondiendo a sus compromisos financieros que estaban respaldados con sus tierras, fue ahí donde llegaron bancos, inversionistas y empresas que se aprovecharon de la vulnerabilidad de las comunidades.
Los compradores de esas fincas llegaron después de las arremetidas paramilitares. “Lo extraño es que las víctimas no podían entrar a esas zonas, pero ellos sí. Entonces adquirieron las tierras y comenzaron a aprovecharlas”, explica Cuastumal.
En medio del desplazamiento y la adquisición de tierras, se crearon fiducias e hipotecas que formaron un entramado que permitió que las fincas fueran compradas por empresas para desarrollar proyectos agropecuarios o minero energéticos.
Hipotecas para el despojo
Para Fabián León está claro que las entidades financieras tuvieron modelos establecidos en proceso que terminó en el despojo. El modelo más evidente fue en el que tuvieron que ver las hipotecas. En las sentencias proferidas por los tribunales de restitución de tierras se han anulado al menos 248 hipotecas sobre predios reclamados.
Según el Informe Especial “Los bancos y el despojo de tierras” de la Fundación Forjando Futuros, existieron dos patrones de conducta en el que los bancos participaron del despojo con hipotecas. En el primero, despojaron a las víctimas con cobros prejurídicos o procesos de cobro coactivo, pues muchos campesinos tenían hipotecadas sus parcelas y al salir desplazados no pudieron cumplir con el pago. Hasta junio de 2020, 87 predios fueron restituidos a los reclamantes por magistrados que anularon las hipotecas cobradas por los bancos, según Forjando Futuros.
El exdirector de Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, explica que las víctimas de desplazamiento no pudieron seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras porque se quedaron sin la principal fuente de sustento que eran sus fincas. Esa situación también se prestó para que los desplazados vendieran sus parcelas a precios irrisorios debido a su frágil economía.
El segundo patrón de despojo demuestra que los bancos otorgaron préstamos respaldados con hipotecas a quienes se quedaron con la tierra de las víctimas recibiendo como garantía las mismas hectáreas despojadas. Forjando Futuros rastreó 161 predios sobre los cuales los magistrados anularon las hipotecas y las devolvieron a los reclamantes donde los bienes inmuebles fueron hipotecados por terceros.
En estos casos de restitución, los bancos pidieron que se les reconociera una compensación económica y que los reclamantes continuaran con las obligaciones financieras de las hipotecas, pero los magistrados de los tribunales de tierras no lo aceptaron. “Se presentaban hechos de violencia notorios y públicos, lo que causó el despojo de los inmuebles”, explica el informe de Forjando Futuros.
En las sentencias proferidas, se cuestiona la actuación de los bancos por su falta de diligencia en el estudio de los títulos y por su permisividad frente a los negocios que se desarrollaron sobre zonas azotadas por la violencia.
Según Forjando Futuros, las sentencias demuestran que las entidades financieras favorecieron el despojo de tierras con conductas “sistemáticas y recurrentes” y que debieron actuar con diligencia a la hora de hipotecar o rematar los predios.
Uno de los casos que ejemplifica esa situación es el de la sentencia proferida el 15 de marzo de 2018 por el Tribunal Superior Especializado en Restitución de Tierras de Cartagena, que restituye un predio ubicado en Curumaní, Cesar. En ella los magistrados exponen que el Banco Agrario de Colombia “debió mediar mayor diligencia y cuidado (…) máxime cuando esta entidad cuenta y puede acceder a profesionales calificados para adelantar todas las averiguaciones pertinentes antes de aprobar y desembolsar dineros”, concluye la sentencia.
Fue tan poca la diligencia y el cuidado que tuvieron las entidades financieras al aprobar las hipotecas, que incluso habían predios que contaban con características que impedían que se hipotecaran. Ese fue el caso de Damasco Parcela No 2, un predio ubicado en Ovejas, Sucre, que fue restituido a la familia reclamante por el Tribunal Superior de Tierras de Cartagena en una sentencia proferida el 14 de octubre de 2017.
En esa ocasión actuó como opositor el banco BBVA, que aceptó una hipoteca sobre esa parcela que tenía una restricción vigente para su enajenación o para el establecimiento de cualquier gravamen. Los magistrados señalaron que BBVA “debió percatarse de la restricción y abstenerse de aceptar la hipoteca constituida a su favor”, por lo que declararon la nulidad absoluta de la hipoteca constituida.
Otro banco que estuvo involucrado en estas sentencias es Bancolombia, que otorgó créditos hipotecarios a terceros que se quedaron con los predios . Uno de los casos se presentó en el corregimiento de Villanueva, en Valencia, Córdoba, aunque Bancolombia no se presentó como la opositora principal a la restitución de tierras, pretendió que dos familias restituidas continuaran pagando los gravámenes que negociaron con quienes desplazaron a esas familias. Al argumentar que la entidad negoció la hipoteca con quienes se aprovecharon de las víctimas y que no hubo diligencia ni buena fe exenta de culpa, los Tribunales rechazaron esa solicitud.
Fabián León explica que “lo que ocurrió con las hipotecas fue que los bancos agilizaron los cobros prejurídicos, las moras y demás, lo que incidió en que los campesinos se quedaran sin tierra”.
La palma y la banca en Urabá
Rutas del conflicto entrevistó a un economista, cuyo nombre se mantiene anónimo por cuestiones de seguridad, contratado para hacer la evaluación financiera de proyectos de palma, banano y plátano sobre suelos que les pertenecieron a comunidades desplazadas en la subregión de Urabá. Asegura que “la banca pública tuvo una incidencia enorme en la descomposición social que convivió con todos esos proyectos”.
El economista trabajó en empresas como Urapalma, que fue constituída el 30 de diciembre de 1999, dirigida inicialmente por Luis Donaciano Riascos y luego por Javier Daza Pretelt. Tiempo después, la justicia logró demostrar los vínculos entre este proyecto agroindustrial y el jefe paramilitar Vicente Castaño.
El financiero de este proyecto señala que indudablemente las entidades bancarias debían conocer el “contubernio enorme” que existía sobre las tierras de los desplazados. “Ellos lo debían haber sabido. Es imposible que no lo supieran”, enfatiza. Pero el sistema financiero apoyó a los despojadores y participó de la financiación de esos proyectos agroindustriales. “En ese sentido, fue el Banco Agrario el que más financió los proyectos de la palma aceitera en Urabá”, explica.
La entidad financiera más recurrente en las situaciones de despojo es el Banco Agrario. Forjando Futuros encontró por lo menos 107 predios con problemas en los que esa empresa constituyó hipotecas. Para Fabián León, esa entidad es la más común porque era la que tenía más presencia en la zona rural y se dedicaba precisamente a temas agrarios.
Según el portal Tierra en Disputa, una alianza de Rutas del Conflicto y Verdad Abierta, la Superintendencia de Notariado y Registro demostró que 17.720 hectáreas que pertenecían a los consejos comunitarios que ocupan el área de Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, fueron adquiridas de manera ilegal con el visto bueno de la Oficina de Registro de Quibdó para ejecutar proyectos productivos.
En medio de ese despojo, Urapalma recibió incentivos del Estado para sacar adelante proyectos de siembra de Palma y además les fueron otorgados créditos por más de 5 mil millones de pesos aportados por el Banco Agrario.
“Las transacciones del Banco Agrario fueron sobre hipotecas y garantías reales que no son donde se sembró la palma”, explica el economista que trabajó para Urapalma, quien añade que las hipotecas se hicieron sobre otras garantías mucho más efectivas. “La empresa hipotecó unos predios que tenía en Santa Marta, en Pozos Colorados, que sí tenían un valor muy importante en el mercado”,señala el extrabajador de Urapalma, que añade que las tierras en Urabá no tenían valor en el mercado porque ”tenían muchos líos judiciales”.
El Banco Agrario fue un instrumento para que se implementara cultivos de palma y se hablara de proyectos productivos que beneficiarían al país, “pero el desplazamiento era un hecho y los monocultivos afectaron la ecología de la región” añade. “Ninguna institución colombiana, salvo la Defensoría del Pueblo, actuó a favor de la comunidad”, denuncia el economista.
Las fiducias del despojo
El exdirector de la URT, Ricardo Sabogal, afirma que en Colombia, “no es necesario ponerle un fusil a una persona para despojarle de sus tierras”, Por lo que la responsabilidad de las empresas que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de las familias desplazadas ha quedado en evidencia.
El coordinador jurídico de Forjando Futuros, Julio Cuastumal, argumenta que, en las zonas de conflicto armado, a parte de revisar las escrituras y los certificados de tradición y libertad, los compradores y entidades financieras que participaron de los negocios, tenían la obligación de verificar la situación de violencia. “Tenían que revisar si una persona que está vendiendo, no es ni le compró a alguien que fue desplazada o que es víctima del conflicto armado, y eso no lo hicieron las empresas”, concluye.
Según las sentencias, existió un modus operandi que se evidenció con el entramado jurídico que antecedió la compra de hectáreas en todo el país. Hubo un aparataje legal en el que primero intervinieron comisionistas que sirvieron de puente entre los campesinos y los primeros inversionistas. Después, por medio de empresas filiales y fiducias mercantiles para la constitución de patrimonios autónomos, empresas como el Grupo Argos se hicieron con la propiedad de las miles de hectáreas que les habían pertenecido a campesinos que las trabajaron durante décadas y que salieron desplazados por la violencia. “Es una práctica que usan las empresas para restarle visibilidad a su presencia en zonas que fueron o son conocidas por los problemas de orden público”, explica Sabogal
Para Cuastumal el hecho de que las empresas adquieran terrenos en donde hubo violencia a través de fiducias, muchas veces administradas por bancos, para tapar su nombre, no está del todo claro. “No sabemos si esa era la intención, pero pareciera. El hecho de que no quisieran figurar como los dueños de las hectáreas es una situación lógica, pero una que también los responsabiliza de saber en qué se estaban metiendo las empresas” afirma.
En las sentencias de restitución de tierras es ya recurrente que entidades fiduciarias como la creada por Argos, Fiducor, aparezcan como opositoras a estos procesos de restitución de tierras.
En Colombia la fiducia mercantil que se crea para estos fines corresponde a un negocio jurídico en el que una persona, que hace las veces de fiduciante o fideicomitente, le transfiere bienes a otra persona jurídica, que recibe el nombre de fiduciario, quien se encarga de administrar y ejecutar el propósito comercial sobre esos bienes.
Una particularidad de esta figura mercantil es que se puede ser al mismo tiempo fiduciante y fiduciario. Esto se puede evidenciar en la fiduciaria constituida por el grupo Argos, donde el mismo grupo empresarial, pero a través de distintas filiales, hace las veces de fiduciante y beneficiario. Por esa razón las fiducias ayudaron a que fuera difícil encontrar quienes eran los verdaderos dueños de las hectáreas despojadas.
Las sentencias de restitución de tierras que comprometen en la cadena de despojo a las empresas en Colombia develan la complejidad legal que se construye alrededor de la tenencia, acumulación y uso de la tierra. Cada es más claro el rol de los bancos y entidades financieras en esta cadena.
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