Ad portas de los 100 primeros días del Gobierno del Pacto Histórico, liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez, los medios tradicionales de comunicación (financiados por oligopolios) han alineado una campaña de desprestigio, manipulación y desinformación contra las decisiones tomadas y reformas presentadas por el presidente y aprobadas a posteriori por el Congreso Nacional.
El cambio del Alto Mando Militar, la reforma tributaria, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno Bolivariano de Venezuela, la apuesta por la construcción gradual de una economía verde y limpia, la recuperación de bienes incautados a narcotraficantes y paramilitares a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por parte del Estado para entregarlos a las víctimas del conflicto, entre otras reformas, han desencadenado que desde la hegemonía mediática se inicie una campaña para crear pánico económico, desesperanza en los colombianos y desestabilización a las instituciones, las cuales están en un proceso de reordenamiento tras el desastre del Gobierno Duque, quien dejó la Presidencia con un déficit fiscal de 83 billones de pesos, el más alto en la historia del país.
La primeras medidas de Gustavo Petro y Francia Márquez son reconocidas por organismos internacionales como las Naciones Unidas, organismo multilateral que destacó el proyecto político nacional de la Paz Total (busca mediante diálogo y negociaciones con grupos armados irregulares pacificar -aunque no estamos de acuerdo- el país para poder abrir más las inversiones privadas, controlar el fenómeno del narcotráfico con apoyo global, distribuir los recursos territoriales y evitar más masacres y asesinatos a líderes sociales), al mismo tiempo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ponderó el proyecto de reforma tributaria, destacando taxativamente el impuesto a las grandes fortunas y bienes patrimoniales.
No obstante, los medios de comunicación hegemónicos lanzan su campaña de Fake News contra Petro culpándolo de una crisis, cuando en realidad recibió un país descuadernado por el déficit fiscal, el asesinato de más de 100 líderes sociales por año (datos Indepaz), la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y como si fuera poco, la solidificación de Colombia como el mayor productor de cocaína en el mundo. Ahora bien, es entendible la posición de esos medios hegemónicos pues sus financiadores han amasado fortunas bajo el sistema neoliberal. Es obvio que la Organización Ardila Lülle, dueña de la industria azucarera y productora de la bebida gaseosa más consumida en el país, utilice su red de medios como RCN, LA FM, NTN24, para difamar de una reforma tributaria que ahora le cobrará impuestos a los alimentos procesados y bebidas gaseosas, artículos perjudiciales para la salud.
Al igual que la Organización Ardila Lülle, otros conglomerados industriales, banqueros y empresariales controlan otros medios como Semana, El Tiempo, Caracol Tv, Blu Radio, El País, entre otros, los cuales se mantienen alineados a los intereses de las viejas estructuras de poder que aún están vigentes, pese a perder los comicios presidenciales el pasado mes de junio.
En el transcurso de estos primeros días, el Gobierno se ha distinguido por el diálogo y negociaciones con sectores político-empresariales conservadores, así como de grupos armados y delegados de la Casa Blanca, lo que marca el poder mantenido por la clase política tradicional, asimismo, también se refleja la capacidad de estadista de Petro, quien sortea una coyuntura compleja socioeconómica heredada del uribismo y el santismo, quienes agudizaron la desigualdad social y entregaron nuestra soberanía territorial y de seguridad a Washington.
Tras describir sucintamente el rol lamentable de medios hegemónicos que controlan gran parte del espectro electromagnético, es menester que desde el Gobierno se planifique y ejecute una estrategia comunicacional que además de informar veraz y éticamente las reformas políticas emprendidas desde Presidencia, contribuya a la pedagogía sobre los avances en el proceso de reparación integral, verdad, justicia y garantías de no repetición a las víctimas del conflicto social y armado.
El contexto comunicacional hostil contra el nuevo Gobierno, hace necesario que se tomen acciones a corto y largo plazo. Como primer paso, controlar el Sistema de Medios Públicos (canales de TV, emisoras radiales) para rediseñar una línea editorial que vaya en consonancia por las fases graduales de cambio, marcadas por la participación ciudadana, visibilización e impacto de políticas socioeconómicas y culturales, su concreción depende de la voluntad política para cambiar la junta directiva actual (dejada por Iván Duque); como segundo paso, iniciar el proceso para profundizar la democracia en el país, y eso implica la comunicación social, dar sin temor el paso a una Ley de Medios que amplíe la participación de medios alternativos con cobertura y dignificación del oficio, así como el impulso de políticas para extender la cobertura de Internet desde el Ministerio de la Información y Comunicación.
Concluyo señalando el temor que sectores conservadores en América Latina tienen sobre una Ley de Medios construida desde el debate y propuestas de sectores alternativos, recordemos al entonces presidente argentino, Mauricio Macri, quien antes de someter a su país a una deuda con el Fondo Monetario Internacional (solo en intereses la deuda alcanza los 47.000 millones de dólares) inició su mandato derogando la Ley de Medios; en Ecuador pasó algo similar, Lenín Moreno tras traicionar los acuerdos políticos de su partido, suspendió políticas de democratización de medios alternativos y hasta hubo denuncias de despido de periodistas (de acuerdo a Funda Medios, se despidieron 1.702 periodistas del sistema público de medios); mientras que la bancada parlamentaria del Partido Nacional en Uruguay insiste en derogar la Ley de Medios vigente en el país.
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