Quienes urdieron y ejecutaron el derrocamiento del presidente Pedro Castillo en el Perú, el pasado 7 de diciembre, jamás imaginaron, ni calcularon, la insubordinación rural popular en y desde los territorios empobrecidos y expoliados por el bicentenario estado empresa republicano.
En algún momento se comprenderá qué factores activan esta simultánea y sostenida acción colectiva multitudinaria e inédita en la historia del país. Regularmente, incluso la acumulación histórica de la fuerza social, se activa y se aglutina alrededor de algún líder o dirigente nuclear. En este caso, tampoco existe dicho “caudillo”.
Al parecer, uno de los elementos aglutinadores de la insubordinación popular es la indignación ante el dolor ocasionado por las masacres, y la agenda popular creciente que cobra espacio en el relato político nacional: Renuncien todos, nuevas elecciones, nueva Asamblea Constituyente, Castillo en libertad.
La destitución antidemocrática de Pedro Castillo fue la gota que colmó la paciencia de los sectores populares rurales quienes ya se encontraban fastidiados por las acciones abusivas de los agentes empresariales del sistema neoliberal en diferentes territorios en el interior del país, incluso fastidiados con la presencia colonizadora y abusiva del mismo Estado nación peruano.
Intelectualidad limeña rebasada por la realidad. Intelectualidad regional casi silente
Con honrosas excepciones, la intelectualidad limeña siempre leal a los intereses del bicentenario “proyecto del colonialismo interno” instaurado por la república peruana. No sólo intentó instalar desde las hegemónicas instituciones académicas la ficción del proyecto de nación peruana en el imaginario de la clase media y sectores populares, sino expresamente intelectualizó el racismo congénito del bicentenario Estado criollo expulsando del corpus teórico y narrativo del Perú oficial la presencia de los pueblos de “todas las sangres” como ciudadanos o sujetos sociopolíticos.
Ahora que reventó la insubordinación popular, con relatos propios, esa intelectualidad limeña optó por desprestigiar y “terruquear” incluso a quechuas y aymaras movilizados en las calles. Y, al no poder deslegitimarlos como auténticos sujetos sociopolíticos en el país de penumbras, ahora, simplemente mira desde el palco.
La intelectualidad regional también se encuentra confundida en su gran mayoría en esta coyuntura luctuosa y recargada, entre la lealtad al Estado y empresas que les paga el sueldo y la sensibilidad ante el dolor de sus hermanos y hermanas de sangre enlutados por el Estado criminal.
Prensa corporativa repudiada por sectores movilizados
La prensa corporativa asentada en Lima prácticamente fue desvestida en su racismo constitutivo por los actores movilizados en las calles, quienes celulares en mano mostraron y muestran en vivo todo lo que la prensa limeña ocultó o intentó ocultar.
Si el rechazo popular a la prensa corporativa ya era creciente hasta antes de la masacre de los 50 peruanos y peruanas movilizados, ahora, ese rechazo creciente se convirtió en repudio popular. Llegando incluso a expulsar a los reporteros corporativos de los actos de protesta social, atacar físicamente incluso sus instalaciones o infraestructuras, en algunos casos.
Ejército y Policía Nacional sin autoridad, obligados a matar a sus propios familiares
Las élites políticas y económicas del Perú, al perder el control de la conducta de la población empobrecida (mediante la gestión de miedos y deseos), a través sus medios de comunicación, procedieron a ejercer su “última arma” de control histórico colonial: castigar y escarmentar a la población insubordinada mano militari. En menos de dos meses, la presidenta usurpadora ya dictó dos o tres estados de emergencia, con toque de queda incluido. Pero, la población movilizada, lejos de asustarse con las masacres, incluso en horarios de toque de queda continuaron, continúan, autoconvocándose, bloqueando caminos, ocupando espacios y edificaciones públicas y privadas.
La población movilizada perdió el miedo a las armas del Estado, y éste perdió autoridad incluso con el uso del monopolio de la violencia. Actualmente las carreteras principales del país, varios departamentos, provincias y distritos se encuentran en Estado de Emergencia, pero los ríos de gente de todas las sangres continúan arribando a Lima para realizar el paro nacional.
Oligarquía desesperada
La oligarquía peruana, al no lograr construir autoridad/Estado en todo el territorio del Perú, subsistió dos siglos de república entre el miedo a la “brutalidad de los indios bajando de los cerros” y el ejercicio de su autoritarismo violento (castigar, escarmentar a los indios sublevados).
Al momento, ya castigaron y escarmentaron a los pueblos y sectores populares movilizados en las calles, incluso ya con 50 asesinados por munición estatal, pero la “plebe” insubordinada, lejos de asustarse o gemir, ruge con más fuerza y avanzan directo, desde diferentes rutas del país, al mismo corazón político y económico de la oligarquía peruana: ciudad de Lima.
Presidenta de facto no manda, sólo espera su caída
En esta coyuntura lúgubre y de crispación, la usurpadora Dina Boluarte, quien ya no toma ninguna decisión en el Ejecutivo, únicamente espera el momento fatal de su caída y su inmediato encarcelamiento por decenas de asesinados y heridos.
Quienes toman las decisiones políticas y militares en el país son los dos ex militares colocados estratégicamente en el poder por la oligarquía peruana: El presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Congreso de la República.
No hay un certero escenario hipotético a corto plazo para el Perú enlutado entre las armas estatales y las calles. Lo único cierto es que esta coyuntura estatal criminal develó lo que por siglos el Estado y la peruanidad oficial intentaron ocultar: el racismo y el autoritarismo como elementos constitutivos del Estado y de la peruanidad bicentenaria.
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