En medio de la movilización social contra la explotación minera paramilitares del Clan del Golfo arremeten contra líderes ambientalistas, organizaciones sociales violando su compromiso de la paz total con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
COLOMBIA| Paramilitares Clan del Golfo también conocidos como Autodefensas Gaitanistas, amenazan de muerte a líderes y lideresas ambientales que se oponen a la entrega de la licencia ambiental por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) a la minera francesa Colcco para explotación de una mina de carbón a cielo abierto en el municipio de El Carmen de Chucurú.
Las amenazas de muerte contra los líderes ambientales se dieron a conocer mediante una serie de panfletos emitidos desde el 13 de enero, contra los líderes ambientales que impulsan la movilización social, por el grupo paramilitar Clan del Golfo, amenazando así a la defensora ambiental, Oneida Suárez, de 39 años. “Damos 72 horas para desalojar el territorio a quienes se cen al desarrollo económico de la región. Exterminio es la misión”, se lee en las amenazas, donde se mencionan a otros 19 líderes y lideresas ambientales reconocidos en la región.
Para Oneida, tampoco es casualidad que su nombre sea el primero que nombran en los cuatro panfletos, en los que también han sido mencionados defensores de derechos humanos como Amilkar Monsalve, Luis Corena, Mauricio Meza, Cristian Garzón, Isabel Rey, Carlos Moreno, Jorge Olivero, Miguel Rodríguez, María José Hernández, Edwin Romero, Isnardo Vega, Mauricio Gómez, Camilo Ochoa, Álvaro Santamaría, Samir, Fernando Pacheco, Johana Díaz, Edward Gómez y Zaid. “Para mí eso tiene un peso y un significado psicológico el hecho de que mi nombre sea el primero en aparecer. Hay algo muy triste pero que es real: uno normaliza las amenazas”, dice la lideresa.
A esta lista, se suma las amenazas de muerte contra directores de diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales de la región en las que están: la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Desplazados asentados en Barrancabermeja, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos regional Santander, el Comité para la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio de Puerto Wilches, la Corporación Integrada para la Defensa de los Derechos Humanos Sociales y Empresariales de Colombia, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, el Movimiento Social Resistencia a la Minería y al Extractivismo y la Asociación para el Desarrollo Humano Integral y Sostenible para las Regiones.
El 27 de enero de este año, Oneida otorgó una entrevista al diario El Espectador, de inmediato recibió un Whatsapp una amenaza de muerte por parte de la Estructura Luis Alfonso Echaverría del Clan del Golfo, donde le dicen:” Lo mejor es quedarse calladita y dejar de estar metiéndose con nosotros, de lo contrario, bala con usted”.
Oneida integra el movimiento social Movimiento Social Resistencia a la Minería y al Extractivismo, un colectivo que, como su nombre lo dice, se opone a las actividades de hidrocarburos en este territorio. Es una de las mujeres que más conoce el contexto social y ambiental la zona y ha sido una de las protestantes contra la minera Colcco, como también lo fue en 2019 contra Ecopetrol, con la llegada de la empresa a su territorio.
El abogado Santiago Gamboa, de la Corporación Compromiso, quien acompaña a las comunidades en estas movilizaciones, asegura que estos ataques contra líderes y lideresas ambientales, así como organizaciones de defensa del territorio, ponen en duda la voluntad de paz, que han manifestado los paramilitares del Clan del Golfo de sentarse en una mesa de negociación con el gobierno del presidente Gustavo Petro para entrar a la denominada “Paz Total”.
Un líder, que pidió protección de su identidad, aseguró que ese día fue seguido hasta su vivienda cuando salió de la movilización y un vehículo sin placas se parqueó a las afueras por varios minutos. “Luego vi que empezaron a apuntar con un láser hacia el interior de mi casa. Lo único que hice fue quedarme muy quieto y esperar que se fueran”, informa el abogado.
Otra lideresa que apareció mencionada en el panfleto también denunció que el pasado 25 de enero, cuando se movilizaba en una moto hacia el casco urbano de El Carmen de Chucurí fue seguida por alrededor de 25 minutos por un hombre en motocicleta. “Sabíamos que venía siguiéndonos porque, aunque paramos, la moto en varios momentos, el carro también paraba detrás de nosotros”.
Otro de los amenazados de muerte es Cristian Garzón, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Yarima e integrante del Movimiento Nacional Ambiental, denuncia que, ante las amenazas recibidas en el panfleto firmado por las Agc, no ha recibido acciones concretas e inmediatas para disminuir el riesgo de seguridad. “La policía puso a disposición una moto para quienes tenemos qe movilizarnos en la protesta, pero, más allá de eso, no tenemos otra garantía de seguridad”.
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