Comunidades del Bajo Calima y Medio San Juan exigen respuesta inmediata a los compromisos surgidos en la Caravana Humanitaria.
COLOMBIA | A un mes de la Caravana Humanitaria por el pacífico colombiano, específicamente en las comunidades indígenas y afrodescendientes en las localidades del Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó), las víctimas del conflicto denuncian que no han recibido ayudas, y todo sigue igual.
“Tal cual ustedes vieron las cosas el día que vinieron, tal cual así siguen. Tenemos dificultades de alimentación, aseo, salud e inseguridad”, sostiene Carolina Ballesteros para El Espectador, desde el salón comunal del barrio R9 en Buenaventura, que hace más de un año se convirtió en el hospedaje de ella y 48 personas más de las comunidades Guadual, Ceivito y San Isidro.
Según Luis Antonio Piraza, autoridad del Cabildo Indígena Wounaan Valledupar “no ha llegado ni comida ni elementos de aseso ni ha venido ninguna entidad a visitarnos. Nosotros estamos muy mal en la parte de alimentos y seguimos en riesgo de desalojo. No ha habido ningún cambio. Cuando a uno le dicen cosas inmediatas son cosas que no esperan un mes. Estamos muy mal, la verdad”. El caserío de Valledupar está ubicado en el medio de río San Juan, pero desde hace un año, sus 19 familias están albergadas en el Instituto Matías Mulumba, colegio a la entrada de Buenaventura.
El objetivo de la Caravana Humanitaria era diagnosticar la realidad de las comunidades del Bajo Calima y Medio San Juan, para dar respuesta con alivios humanitarios algunos discutidos y concretados en el segundo ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN- que inició el 13 de febrero y durará 21 días-, y otros, de respuesta inmediata, como es el caso de la salud, la alimentación y el alojamiento de las 48 personas y las comunidades de Guadual, Ceivito y San Isidro que llevan más de un año en el salón comunal del barrio R9 en Buenaventura. Esa gestión urgente es del Gobierno regional y nacional, señaló uno de los organizadores.
El Gestor de paz, Juan Carlos Cuéllar, coincidió con las comunidades que se debe dar respuesta a las acciones urgentes mientras se discute en la mesa de diálogo los demás alivios humanitarios. “Además de la pérdida de la libertad de movimiento, hay una condición muy crítica en términos de alimentación y salud. Esto amerita acciones urgentes. Un coliseo no es un espacio adecuado para albergar a la gente. Eso debe ajustarse de manera inmediata”, señaló en ese momento el gestor de paz del Eln, Juan Carlos Cuellar.
La preocupación de las víctimas es la ausencia del Gobierno chocoano, que a pesar de estar convocado a la caravana nunca llegó y tampoco participó en el encuentro posterior citado el pasado 22 de enero en Buenaventura.
La Pastoral Social de Buenaventura, en la reunión realizada el pasado 11 de febrero, según Eladio Ballesteros, coordinador de la junta del Consejo Comunitario de Bajo Calima, “la Unidad de Víctimas se comprometió a resolver el tema de unos mercados para Cebera, Malaguita, Cahchajo. Pero la situación del caseríos continúa igual o más complicada. Los actores -armados-siguen en el territorio”.
CONTEXTO
La Caravana Humanitaria que se pactó en el primer ciclo de los diálogos de paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), inició el 18 de enero, durante tres días sostuvo diálogos con las comunidades de la zona rural de Buenaventura y las cuencas de los ríos Calima y San Juan, de los departamentos del Valle y Chocó.
La delegación del Gobierno estuvo conformada por Horacio Guerrero, Carlos Rosero, Mabel Lara y Dayana Domicó, delegados del Gobierno, y por parte del ELN, los gestores de paz Juan Carlos Cuéllar y Jairo Arriguí.
El recorrido de esta Caravana estovo acompañado por miembros de organizaciones afros e indígenas, representantes de la Iglesia Católica y de organizaciones internacionales.
Los esfuerzos de paz fueron hostigados por militares del Ejército de Colombia a pesar de los acuerdos de que no habría fuerza pública en la caravana.
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