Más de 15 personas son amenazadas de muerte en la Guajira.
COLOMBIA | Los firmantes de paz de la extinta guerrilla de las Farc, del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Amaury Rodriguez de Pondores, zona rural en Fonseca –La Guajira- denuncian amenazas de muerte de estructuras paramilitares en la región del Caribe, que los obligó a salir forzadamente de la zona.
“Entre junio y septiembre de 2022 tuvimos estudios de riesgo para nuestra seguridad individual y colectiva. Nos persiguieron y varios grupos armados -guerrilleros y paramilitares- quisieron matarnos. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una orden a la Unidad Nacional de Protección y a otras autoridades para que nos cuidaran. Hoy vivimos lo mismo, ninguna medida ha servido y estamos desesperados. La violencia en La Guajira está retomando con fuerza y sin ganas de irse. Vamos siempre con la paz, es la ruta de nuestra vida, pero ¿firmar una paz para ser blanco de otra? Suena y a veces se siente absurdo”. Este lamento se lo dijo Gonzalo*, líder en el espacio de Pondores, a Colombia+20.
Según un firmante –quien no da su nombre por seguridad-, la persecución de grupos armados es para alejarlos de las intenciones de paz “creemos que Maicao es un buen puerto para resguardarnos y confiramos en volver pronto a nuestros hogares”, manifestó.
El pasado 26 de abril el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, asistió al espacio de reincorporación para hacer un diagnóstico de esas denuncias y propuso rutas de política pública para garantizar la vida de los habitantes de la zona.
En este espacio, se conoció la amenaza de muerte contra 15 personas de la vereda Pondores por cumplir actividades de liderazgo social y promoción de la reincorporación en el Caribe colombiano.
Ante estos hechos, la comunidad le expresó al defensor Carlos Camargo que, “el gobierno no puede bajar la guardia en la defensa de los excombatientes. No podemos permitir que más personas de esta población sean amenazados o asesinadas”.
El vocero de ETCR Amaury Rodríguez de Pondores, pide al Gobierno que, “salvaguarden sus vidas. En estas últimas semanas quedó más que demostrado que en la Guajira además del hambre, hay inasistencia humanitaria en todos los sentidos. Es como si no existiéramos”.
Los firmantes de paz denuncian que uniformados del Batallón Rondón en julio de 22 en medio de un allanamiento junto a la Fiscalía Policía raptaron ropa, víveres y demás utensilios de uso cotidiano.
“Hace casi un año fue la Fuerza Pública el grupo que nos maltrató. Ahora a algunas compañeras y camaradas les han llegado mensajes intimidatorios a sus teléfonos y amenazas que corren de voz a voz. El Ministerio de Defensa está al tanto desde el 17 de abril pasado y lo que pedimos es lo que pediría cualquier ser humano: protección para no ser asesinados. A quién le interesa matarnos, a quién después de tanto tiempo de firmada la paz le cuesta tanto entender que somos ciudadanos más que solo quieren vivir tranquilos”, dijo una lideresa de Pondores que pidió reserva de identidad.
El espacio territorial de reincorporación de Pondores no es el único con amenazas de muerte. En lo que va corrido del año 2023 se han presentado amenazas en Mariana Paéz en Meseta, Meta, por parte de disidencias de las Farc que les dieron u plazo de 30 días para irse del lugar.
El hecho provocó rechazo por parte de comunidad internacional y del mismo Gobierno pues la disidencia que hizo la amenaza era la autodenominada Estado Mayor Central con la que actualmente se adelanta una proceso de negociación con miras a un sometimiento a la justicia.
El presidente Gustavo Petro viajó a Mesetas con una comitiva de entidades relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz como gesto de respaldo para los excombatientes y para evitar lo que ellos denominaron un desplazamiento forzado. La reunión terminó con un acuerdo para que los firmantes se quedaran en Mesetas por tres meses mientras se compraba un predio donde puedan establecerse definitivamente.
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