El Ejército empleó tres modales de crimen en los falsos positivos donde asesinaron a inocentes.
COLOMBIA | La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) este 30 de agosto, imputó al general en retiro Mario Montoya y otros ocho generales por “asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes estatales”.
“Por crímenes de guerra y lesa humanidad. Por su responsabilidad en los casos de 130 falsos positivos en el oriente antioqueño” fue imputado Montoya, señaló la Jep.
En los años 2002 y 2003 Montoya quien era comandante de la Cuarta Brigada en Antioquia, al noroccidente del territorio colombiano solicitó y permitió el asesinato de personas inocentes con el fin de obtener mayores cifras en su guerra contra las insurgencias.
Además, fue imputado por “mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate, emplear un lenguaje violeto que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”, aseguró el Tribunal Especial para la Paz (JEP) en el comunicado.
La imputación a un general delata que los “falsos positivos” no fueron aislados ni causales, sino que hicieron parte de una conducta sistemática que se desprendió desde los altos mandos del Ejército Nacional hasta los “distintos niveles de cadena de mando”.
La posición jerárquica del general Montoya dentro de la estructura militar apunta de su responsabilidad en haber orquestado una cadena de mando que perpetuó un patrón de ejecuciones y desapariciones forzadas presentadas fraudulentamente como bajas en combate.
«Contaban con mecanismos preacordados de encubrimiento, es decir, ante la posibilidad de ‘dar una baja’, ya sabían cómo proceder», afirma la JEP.
La imputación de Montoya se da en el marco del Subcaso en el departamento de Antioquia I, en el que la JEP investiga asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combates por agentes del Estado entre los años 2002 y 2003 en el oriente antioqueño.
Con Montoya asciende a nueve exmilitares implicados en los 130 casos de falsos positivos. 53 casos ocurrieron en 2002 y 77 casos en 2003. Un aspecto particularmente alarmante es que entre las víctimas se encuentra cuatro niñas, 11 niños y tres personas en condición de discapacidad.
Tres modalidades en la ejecución de falsos positivos.
Según la Jep, la primera modalidad fueron las víctimas sacadas de sus hogares, lugares de trabajo o medios de transporte para después ser etiquetadas como combatientes insurgentes.
La segunda fue el engaño a personas en condiciones de vulnerabilidad «para ser trasladadas al lugar donde serían asesinadas para ser presentadas como bajas en combate por integrantes de la fuerza pública». Y la tercera, se trató «del asesinato y desaparición de personas protegidas por el DIH (Derecho internacional humanitario) que estaban puestas fuera de combate».
Más allá de las imputaciones de este miércoles, la jurisdicción asegura que los asesinatos extrajudiciales responden al contexto en los que se llevaron a cabo. El texto asegura que «los falsos positivos en Antioquia no pueden entenderse sin el marco institucional de exigencia de mejores resultados operacionales, como parte de la política de seguridad de la época (2002-2003)».
En ese sentido, hace referencia a los gobiernos de los presidentes Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Dos periodos en los que hubo un fortalecimiento de la Fuerza Pública que buscaba contrarrestar a las guerrillas operantes en el país. Uribe, asegura el comunicado, «puso en marcha una política de seguridad y defensa, cuyo objetivo principal fue alcanzar la victoria militar». Y añade que la política «incluía la exigencia de resultados operacionales sobre las guerrillas, dirigidos a la victoria militar».
Así pues, los falsos positivos se dieron en un tiempo en el que operaba la premisa de que, ante más recursos, mayores debían ser los resultados, propia de la «política de seguridad de la época».
El proceso de investigación continúa para encontrar a otros responsables y esclarecer la verdad de uno a uno de los episodios más crueles del conflicto armado en Colombia.
“Este es un paso fundamental hacia la verdad y la justicia. La imputación a Montoya y otros miembros de la cadena de mando es una señal de que estamos comprometidos en desentrañar la verdad detrás de estos crímenes y asegurarnos de que los responsables enfrenten las consecuencias”, expresó Catalina Díaz, la magistrada de la JEP.
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