Los “falsos positivos” fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros del Ejército de Colombia y demás entidades de seguridad en complot con los paramilitares para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
La jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, ordenó en la mañana de este miércoles el arresto de Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, en un caso sobre desprotección de Víctimas del conflicto armado.
De acuerdo con la sentencia de la jurisdicción transicional, surgida tras los acuerdos de 2016, la política local “pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final de la Paz”.
La JEP puntualiza que Roldán habría incurrido en la falta de control en el cumplimiento de las funciones delegadas a la Gobernadora por la JEP para proteger zonas de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada en ese departamento.
Los magistrados consideraron que “su ausencia de cuidado pone en riesgo la garantía de los derechos de las víctimas y la materialización del Acuerdo Final para la Paz”, firmado en 2016 entre el Estado colombiano y el entonces grupo insurgente Farc-ep.
Según la sentencia Roldán estará dos días privadas de la liberta por orden de la JEP, entretanto, se tratarán audiencias entre la jurisdicción y la Gobernación para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares.
La Gobernación del Valle del Cauca, así como las de otros departamentos, se habían comprometido con la JEP de adelantar acciones para “la protección de los derechos a la verdad y garantías de satisfacción para las de las víctimas de desaparición forzada”.
El caso en particular que tendrá a Roldán dos días privadas de la libertad por orden de la JEP, se trata de una audiencia entre la jurisdicción y la Gobernación para revisar el cumplimiento de medidas cautelares.
La diligencia judicial era para tomar medidas en 36 cementerios del Valle del Cauca toda vez que en los mismo podría haber cuerpos de los llamados “falsos positivos” u otras víctimas del conflicto armado en Colombia.
Los llamados “falsos positivos” fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de miembros del Ejército colombiano que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios económicos y de ascenso en el Ejército y demás entes de seguridad.
Según el alto tribunal, al menos, 6.402 jóvenes inocentes fueron engañados con promesas de falsos trabajos para luego ser trasladados por miembros del Ejército para los sitios donde fueron ejecutados y así mostrar resultados contra la lucha guerrillera.
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