Una mención especial recibió el Plan de Desarrollo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas “como una instancia articuladora para formular una política pública integral y la presentación del proyecto de reforma a la ley de víctimas”.
La Política de Drogas de Gobierno colombiano, así como, la creación de la Jurisdicción Agraria y el funcionamiento de la Instancia de Articulación entre la JEP y el Gobierno fueron destacadas como logros de la nación andina, en el informe anual emitido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Al referirse a la situación de los derechos humanos en el país señaló que las políticas, normas y espacios de articulación creados han sido liderados o acompañados activamente por el Ministerio de Justicia.
«Nos complace saber que nuestras políticas públicas son bien valoradas por los organismos internacionales de derechos humanos porque apuntan a resolver los problemas estructurales que enfrenta la población colombiana en su diversidad, especialmente, aquella que vive en zonas de conflicto armado y en condiciones de inequidad, afirmó el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández.
Sobre la nueva Política de Drogas, la ONU calificó como un avance el haber adoptado el desmantelamiento de organizaciones y estructurales criminales, mediante un acuerdo de Estado histórico, en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).
La Política de Drogas prioriza la salud, el desarrollo y el cuidado del medio ambiente en los territorios con mayor presencia de cultivos de droga, denominándolo ‘Oxígeno’ para las comunidades, y acciones policiales y militares para atacar a los eslabones más altos de la cadena del narcotráfico, mediante una estrategia llamada ‘Asfixia’.
En su informe, la ONU expresó su aprobación por la implementación de una política para desmantelar completamente las estructuras criminales que atentan contra comunidades, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz, y desarticular todos aquellos factores socioculturales e institucionales generadores de violencia.
El Ministerio de Justicia acogió las recomendaciones de la Oficina de la ACNUDH en el sentido de articular mejor las políticas de drogas y de desmantelamiento de organizaciones criminales con las políticas de paz total y de seguridad, en favor de la paz y la convivencia pacífica en los diferentes territorios afectados por la violencia, añadió Umaña Hernández.
En cuanto a la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, recalcó que permitirá a las personas que viven en el campo resolver los conflictos generados por el acceso, tenencia y uso de la tierra.
La creación y funcionamiento de la Instancia de Articulación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Gobierno para la implementación de las sanciones que próximamente empezará a imponer este tribunal se subrayó como clave en la política de paz del gobierno.
También merecieron especial mención en el informe la inclusión en el Plan de Desarrollo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas «como una instancia articuladora para formular una política pública integral y la presentación del proyecto de reforma a la ley de víctimas».
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