“Millones de personas estarían dispuestas a hacer este cambio y hacer de la Constitución de 1991 la Constitución del siglo XXI”: Gustavo Petro.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó el 29 de marzo de 2024, en su cuenta X, un documento para que los colombianos y colombianas leyeran en esta semana Santa, donde argumenta brevemente, del por qué la propuesta de realizar una Constituyente en su país.
«En los treinta y tres años que han pasado después de derogada la Constitución de 1886 y promulgada la del 91, ésta ha sido contra reformada en dos aspectos fundamentales: a) no permitieron que los recursos de la educación pública crecieran más que los ingresos corrientes de la nación, la contrarreforma le hizo perder a la educación pública 200 billones de pesos acumulados que hoy redundan en uno de los sistemas educativos más malos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). El derecho a educarse se esfumó. Colombia renuncia a la inteligencia colectiva de su sociedad.
Y b) La reforma agraria. Cuando Andrés Pastrana, quitó el artículo de la expropiación por vía administrativa de tierras, la dejó para vías y obras de infraestructura; acabó con la posibilidad de una reforma agraria seria, con esta contrarreforma la mayor parte de la tierra fértil con 15 millones de hectáreas de vocación agrícola no se cultivan en contra de toda racionalidad económica y en contra de la industrialización del país, la mafia consolidó su dominio sobre la tierra fértil, y ante la ausencia de una ley “fast track”, que el congreso no quiso tramitar, se hundió el proceso de paz del 2016. La fuente de todas las violencias: la injusta distribución de la tierra fértil, no tuvo solución.
Varias de las órdenes impartidas por el constituyente al legislador no se han cumplido, las principales, la de hacer un nuevo ordenamiento territorial y la del estatuto del trabajo.
Hoy la base del poder político en el legislativo y ejecutivo es el ordenamiento territorial de 1886. Hoy sabemos que muchas fronteras entre entidades territoriales son artificiales y sin sentido, el nuevo ordenamiento territorial tiene sentido alrededor del agua y de la cultura.
En lugar del estatuto del trabajo se impusieron reformas neoliberales que llevan a los trabajadores a la máxima inestabilidad y a las más altas jornadas laborales de la OCDE. En lugar de basar el crecimiento económico en el incremento de la productividad, lo que implica más competencia y educación, prefirieron la sobreexplotación del mundo del trabajo. La constitución de 1991 no propuso el socialismo, propuso acabar el feudalismo y la esclavitud y avanzar en un capitalismo productivo, competitivo y en pacto con los trabajadores y el campesinado, tal objetivo no se ha cumplido.
Y como si las contrarreformas y el incumplimiento del desarrollo legislativo propuesto no bastaran, en 33 años el legislativo no ha podido abordar reformas fundamentales que han surgido en este lapso de tiempo como la descarbonización de la economía, tema que no se conocía en el 91, o la reforma a la justicia y a la política, o las consecuencias del proceso de paz del 2016, o, la importancia fundamental de la verdad judicial, la restauración de las víctimas y la reconciliación y el perdón social a partir del punto final en la violencia.
En general la palabra “de manera progresiva” para el alcance de todos los derechos, que propuso la constitución en estos 33 años se ha convertido en puntos suspensivos. Las reformas de ley dejaron que la mayor parte de los derechos fundamentales que ordena la constitución alcanzar de manera progresiva, se volvieran en realidad, derechos no alcanzados.
Por eso proponemos que se discuta en este nuevo proceso constituyente 9 puntos:
1. El cumplimiento del acuerdo de paz que supone:
a) una reforma agraria,
b) la inclusión del territorio y la población abiertamente excluida,
y c) la verdad como eje de la justicia.
El Estado incumplió el acuerdo de paz y la sociedad debe hacerlo cumplir.
2. Garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana:
Agua potable, salud, y renta para la población más vieja. Y no son derechos progresivos, después de 33 años deben ser derechos garantizados ya.
En los últimos 30 años la inversión pública se concentró en los sectores y los espacios geográficos más pudientes, contrario a lo ordenado por la constitución y el acuerdo de paz. Las sentencias de la corte constitucional en esta materia fueron desacatadas impunemente. Hoy el que debía ser el estado social de derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad. Esto implica cambiar el sistema de vigencias futuras centradas en carreteras 4G y que ante el marco fiscal de mediano plazo no dejan espacio de endeudamiento para la infraestructura del agua potable, la de la salud, la del saneamiento ambiental y la de la educación. El poder constituyente debe darles piso presupuestal a estos derechos fundamentales de la población
3. Recuperar los objetivos de la constitución del 91 contra reformados, en materia de priorizar la educación pública y la reforma agraria.
4. Constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía
5. Garantizar que la política monetaria, manteniendo la independencia del Banco de la República, priorice el empleo y la producción.
6. Cumplir la orden de la constitución de hacer un reordenamiento territorial que los poderes constituidos no cumplieron porque su base electoral depende es del actual ordenamiento territorial que es el de la constitución de 1886. El ordenamiento territorial es imperativo hacerlo alrededor del agua como criterio estructurante, proponemos garantizar la región autonómica hacia un régimen federal más adelante, pero con un fuerte proceso de inclusión de los territorios olvidados que compense la actual y aberrante desigualdad territorial. El poder local debe será, antes que nada, poder de la ciudadanía. El sistema general de participaciones, debe priorizar la atención de la primera infancia y la inclusión del territorio excluido.
7. Expedir el estatuto del trabajo, dotando de derechos el empleo en el país y garantizando la igualdad salarial de la mujer
8. Separar la política de la financiación privada.
9. Durante estos 30 años la justicia se reformó para construir un sistema basado en la venganza punitiva y la acción judicial para atacar o defender actores políticos. Ese sistema terminó encubriendo grandes crímenes y se alejó de la ciudadanía. Proponemos llevar el sistema judicial a obtener la verdad para buscar la reparación de las víctimas y lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia. La verdad es la antesala de toda reconciliación y perdón.
Millones de personas estarían dispuestas a hacer este cambio y hacer de la Constitución de 1991 la Constitución del siglo XXI, quienes han llevado el país a la violencia y el atraso se oponen, y hay quienes examinando estos puntos observan que muchos no necesitan del constituyente y que podrían ser aprobados por los poderes constituidos. Formalmente es cierto pero ingenuo, porque olvidan porqué en 33 años los poderes constituidos no lo han hecho. El poder constituido es débil para hacer las reformas porque o no tiene independencia de los grandes poderes económicos y de la inercia política o porque ha sido penetrado por el régimen de corrupción como lo llamaba Álvaro Gómez o por la gobernanza paramilitar como la llamo. La gobernanza paramilitar no es solo una red de políticos y narcotraficantes en el poder, sino una manera de gobernar anticonstitucional y proclive siempre a concentrar sanguinariamente la riqueza nacional en manos de los propietarios de la gobernanza.
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