Asesinaron a 11 personas e hirieron a 5, entre ellos, una mujer embarazada, dos menores de edad en la masacre del Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo.
La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la justicia ordinaria investigará a los 25 militares del Ejército Nacional de Colombia, implicados en la masacre de Alto Remanso, en el departamento de Putumayo, donde asesinaron a 11 personas e hirieron a 5 personas más para un total de 16 civiles, en un bazar en el año 2022.
La decisión de la Corte Constitucional desestimó, la solicitud del Juzgado 106 de Instrucción Penal Militar de Puerto Leguízamo que, en junio de 2023, reclamó el proceso.
“Para la Sala los anteriores elementos permiten considera que los hechos ocurridos podrán constituir una grave violación a los derechos humanos y al DIH, pues en el desarrollo de la operación militar falleció un presunto líder social y un menor de edad, además de que fue herida una menor embarazada, cuyas participaciones directas en las hostilidades no están comprobadas”, explicó el magistrado ponente Vladimir Fernández Andrade.
La Corte Constitucional, explicó que la defensa de las víctimas como organizaciones de derechos humanos reclaman es que, ante la duda de si un hecho tuvo o no relación con el servicio, es la justicia ordinaria la que debe hacer las investigaciones y más tratándose de un caso en el que puede haber una grave violación a los derechos humanos.
En la resolución judicial 648 de abril de 2024, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que, de manera preliminar, “no se podrá afirmar que estos sujetos (víctimas) hubiesen participado en el conflicto y, en consecuencia, perdieron su garantía especial como personas protegidas por el DIH”.
Será el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Legízamo, Putumayo, el que deberá seguir con el caso en contra del teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista y los otros 24 militares implicados en la masacre.
Militares implicados
En un documento de 10 páginas la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación, se conoció los nombres de los implicados, entre ellos, el General Walther Giraldo, al Coronel Mauricio Salgado Romero, al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza, y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Leonardo Rodríguez Arango.
Los otros militares serían, Cristian Gabriel Pérez Galindo, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santander Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscue, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexander Villa Ciro, Fenancio Noe Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Jeison David Becerra Gutiérrez, Robinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, John Fredy Hyso Quiñonez, Carlos Alberto Perdomo Romero, Jeisson Rico Soto y Yeison Andrade Rivera Holguín.
Operación militar en el Alto Remanso que terminó con falsos positivos.
El Ministerio Público reveló que el 28 de marzo del 2022 fue llevada a cabo la operación militar MAHLON 055 por el Batallón Contra el Narcotráfico N° 3, junto con al Pelotón de Reconocimiento Táctico N° 3, del Batallón Fluvial de infantería de Marina 30, irrumpieron la vereda del Alto Remanso, el cual tenía como finalidad dar de baja a alias “Bruno” cabecilla de la comisión del grupo armado organizado residual de las disidencias de las Farc.
En esta acción militar, se encontraba ejerciendo el mando el BG Walther Giraldo, Coronel Carlos Salgado, el TC Andrés Cadena, CT Jorge Marroquín, TE Julián Ávila, Andrés Quiñonez, Wilson Santamaria y Wilmer Rodríguez.
En la vereda Alto Remanso se realizaba un bazar al que estaban invitadas personas de las comunidades de Ecuador, Perú y Colombia sentadas a las orillas del río Putumayo a la altura de Puerto Ospina.
“A las 7:13 de la mañana los soldados entraron a esta vereda y sin discriminar blancos produjeron la muerte de 11 personas e hirieron a 5 personas más para un total de 16 civiles”, señala el documento del Ministerio Público.
¿Quiénes son las víctimas?
Las víctimas fueron Pablo Panduro (líder indígena), Divier Hernández (líder comunitario), Anda María Sarrias (joven de 14 años embarazada), Brayab Santiago Pama, Rubén Peña, Óscar Oliva (agricultor), Luis Alfonso Guerrero, John Jairo Silva, Enuar Ojeda, Antonio Peña y Alexander Peña.
La decisión de la Corte Suprema señala que, “en marco de conflictos no internacionales, el DIH prohíbe el homicidio de los no combatientes, esto es, de civiles y personas fueran del combate. Los niños, niñas y adolescentes, como parte de la población civil están cobijados en el marco de lso conflictos armados por los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Respecto de ellos, el DIH ha establecido una protección jurídica especial en escenarios de hostilidades o conflictos”.
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