Las víctimas de la violencia narco paramilitar en el Urabá y el Magdalena ganaron ante el Distrito Sur de Florida a la multinacional Chiquita Brands que financió al paramilitarismo con más de US$1,7 millones de dólares.
El Tribunal del Distrito Sur de Florida declaró responsable a la multinacional bananera Chiquita Brands por las consecuencias de su relación con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia de Carlos Castaño y ordenó pagar indemnización a un primer grupo de ocho víctimas.
Chiquita Brands financió al paramilitarismo en Urabá y el Magdalena con más de 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004, utilizados para cometer homicidios, desplazamientos, masacres y desapariciones forzadas, así lo confesaron los altos ejecutivos de la compañía en el 2007, al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El Tribunal del Distrito Sur de la Florida recogió nueve casos simbólicos, de los miles de víctimas, quienes probaron que sus familiares fueron asesinados por las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares) cuando recibían financiamiento al grupo criminal que más masacres, torturas y asesinatos a cometido en este país.
“Este veredicto envía un mensaje contundente a las empresas de todo el mundo que se lucran a expensas de los derechos humanos: sus actos no quedarán impunes. Estas familias, que sufrieron el asedio de grupos armados y corporaciones, demostraron su fortaleza y lograron triunfar en el sistema judicial” expresó Marco Simons, director jurídico de EarthRights International, organización de derechos humanos acompañante de las victimas del paramilitarismo.
El caso fue juzgado en Estados Unidos por ser una empresa estadounidense. El jefe máximo de los paramilitares, Carlos Castaño se reunió con un alto ejecutivo de Banadex, la filial más rentable de Chiquita Brands.
Para el 2001, el gobierno de Estados Unidos catalogó al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), “como una organización terrorista extranjera”.
El Departamento de justicia de Estados Unidos concluyó que “lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”.
Testimonio exparamilitar explicó los nexos de Chiquita Brands con los paramilitares.
La justicia conoció el testimonio de Ovidio Ñúñez Cabrales, alias El Indio, extrabajador de seguridad en Chiquita quien se unió al grupo paramilitar. En su testimonió detalló que la multinacional bananera, incluso habría entregados armas, y gasolina a los paramilitares de castaño, y habría planeado asesinatos selectivos de la mano de los criminales. También aseguró que el propio gerente de Chiquita, Charles Keiser recibió seguridad directa de las AUC.
Los abogados de las victimas presentaron una declaración de Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito antiguo comandante paramilitar del Bloque Bananero, quien señaló que los ejecutivos de Chiquita se reunían periódicamente con líderes de las AUC para discutir cuestiones financieras y de seguridad; no hubo extorsión, “nunca los obligué a aportarnos nada”.
¿Qué dicen las víctimas?
“Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años, para todos nosotros que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación; estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos; fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas”, afirmó una de las víctimas en el juicio.
¿Cómo se aplica este veredicto de Estados Unidos en Colombia?
Si bien el caso está siendo juzgado en Estados Unidos por ser una empresa de ese país, el veredicto se aplica conforme al Código Civil colombiano. El artículo 2341, establece que quien cause daño a otro, ya sea por un delito o culpa, debe indemnizar a la víctima, además de cualquier pena principal que la ley imponga. El artículo 2356 define, cualquier daño causado por actividades peligrosas debe ser reparado por quien lo causó, similar a la responsabilidad en Estados Unidos
La sentencia de la Corte Sur de la Florida, marcó un hito histórico por ser la primera vez que este país, declara responsable a una corporación estadounidense por su complicidad en abusos contra los derechos humanos en otro país.
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