Este miércoles 26 de junio hubo un inusual movimiento de algunas unidades militares del ejército boliviano en los alrededores de la plaza Murillo, en La Paz, donde se ubica la sede del poder ejecutivo del país andino, que inmediatamente fue calificado como un intento de golpe de Estado por parte del presidente Luis Arce.
El grupo de efectivos estuvo liderado por el general Juan José Zúñiga, ahora destituido, quien frente a medios dijo que pronto habría una «posesión» y el nombramiento de un nuevo gabinete. Asimismo, argumentó que los militares estaban mostrando su «molestia» por el clima en Bolivia, por lo que llamaba a frenar las «humillaciones».
La escaramuza dejó como consecuencia unas 12 personas heridas y algunos daños poco significativos al Palacio Quemado luego de que un blindado irrumpiera en la edificación. Al inicio del intento de golpe, el presidente Arce llamó a defender la democracia para evitar «que intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas».
Al poco tiempo los militares sublevados empezaron a retirarse de la plaza y la Fiscalía General informó que había iniciado un proceso penal en contra de Juan José Zúñiga y todo el contingente de militares que participó en la revuelta. Como dirigente de la intentona golpista, se le imputará por alzamiento armado contra el Estado, seducción de tropas y atentado contra el Presidente y otros miembros del Estado, por los que podría una pena de entre 5 y 15 años.
Con la salida de los bolivianos a la calle para protestar en favor de la democracia, la condena de la acción por parte de presidentes, líderes políticos, incluso irónicamente por quienes participaron en el golpe de Estado en 2019 contra Evo Morales y la designación de un nuevo alto mando militar, parecía cerrarse este desafortuado capítulo de la política boliviana que, por la respuesta, la condena mediática y colectiva, así como el castigo ejemplarizante, no debería volver a repetirse.
Sin embargo, la imagen viral del presidente Luis Arce atrincherado en la sede del poder Ejecutivo y encarando al general golpista, así como el repliegue del contingente militar a causa de la «presión ciudadana», no son suficientes para pasar la página y pensar que un proceso similar pudiera volver a ocurrir.
Basta con buscar la falla de origen en el pasado reciente para entender que en el Estado boliviano hay una debilidad estructural que, si bien se hizo más profunda con el golpe de Estado de 2019, desde antes ya venía mostrando señales. Y es que no es suficiente con nombrar a José Sánchez como el nuevo comandante del Ejército, a Gerardo Sabala como el nuevo jefe de la Fuerza Aérea y que Wilson Guardia pase a ser jefe de la Armada para cambiar la estructura castrense en el país.
El golpe de Estado contra Evo Morales de 2019 deja entrever que las fuerzas de seguridad, tanto la policía como el ejército, están desvinculadas de la política nacional, una suerte de supra poder que puede remover los poderes civiles y nombrar otros si lo considera necesario. Esta lógica se remonta al poder de influencia que ejercieron las operaciones estadounidenses en la región para desarticular los movimientos de izquierda y progresistas e instalar gobiernos serviles que se plegaran a su agenda imperial.
Las primeras señales de que el general golpista tenía una posición política definida se pudieron ver desde el año pasado cuando sugirió que los antipatria estaban buscando apoyo en los cuarteles para derrocar al gobierno de Luis Arce. Desde ese momento quedó en evidencia una enconada disputa entre entre el expresidente Evo Morales y Zúñiga. El expresidente acusaba al general de ladrón, ya que supuestamente había desfalcado fondos militares por un monto de 2.7 millones de bolivianos en 2013, a lo que replicaba el excomandante del ejército que el expresidente no podía volver al poder.
Lo que ocurrió en el pasado no solo demostró la diferencia de Zúñiga con Evo Morales, sino que también, valiéndose de su «supra poder», buscaba derrocar el gobierno que lo nombró general en 2022 y lo ratificó en 2023.
El golpe de 2019 resultó una estocada irreparable para el Estado boliviano que no se logró revertir con el triunfo de Arce. Y está desarticulación se profundiza en momentos cuando la coalición MAS-IPSP, que congrega a movimientos sociales y populares, no es capaz de lograr un consenso que garantice una victoria en las próximas elecciones, mucho menos para hacer frente y evitar el plan estadounidense de fragmentar al Estado plurinacional.
Entrevistado por el expresidente Rarael Correa, Arce dijo que el intento de golpe de Estado fue perpetrado no solo por militares, también participaron militares jubilados y civiles. Asimismo, prometió una investigación profunda «para hallar a los verdaderos culpables intelectuales» argumentando que «alguien está detrás, alguien es el quien financia, alguien que promete cosas».
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