Pablo Beltrán (d), jefe negociador del ELN, y Vera Grabe (i), jefa del equipo negociador del Gobierno de Colombia, concluyen el sexto ciclo de negociaciones de paz, ante la presencia del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez (c), el pasado 6 de febrero, en La Habana. EFE/Ernesto Mastrascusa
Entre las solicitudes de las organizaciones sociales está restablecer el cese al fuego, alivio humanitario, y garantizar el cumplimiento del capítulo étnico en marco de la Paz Total.
Ante la suspensión de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), WOLA y organizaciones nacionales e internacionales envían carta a la delegación de paz del Gobierno colombiano para solicitar garantizar el cumplimiento de cinco acuerdos alcanzados en este proceso de diálogos con el fin de eliminar la escalada de violencia a líderes de comunidades, territorios indígenas y afrocolombianos.
Las organizaciones manifestaron su alarma por el incremento de violencia en el primer semestre del año 2024, donde atentaron contra la vida del padre de la Vicepresidenta Francia Márquez, ataques posteriores al vehículo de la Vicepresidenta; ataques contra Armando Balbuena, Secretario de la Instancia de alto nivel de pueblos étnicos (EANP) y su equipo de seguridad; el asesinato de Carmelina Yule Paví, Kiwe Thegna, lideresa del pueblo Nasa del resguardo indígena de Toribio Cauca; el secuestro y asesinato de Eyber Danilo Poto Pazu, hijo del viceministro de los Pueblos Étnicos del Ministerio de la Igualdad, entre otros.
Las organizaciones firmantes realizaron cinco solicitudes al Gobierno colombiano y a sus delegados de paz: el primero, el descongelamiento de la mesa de negociaciones y acordar un nuevo acuerdo de cese al fuego bilateral entre las partes; segundo, garantizar el Capítulo Étnico en marco de la Paz Total; tercero, cumplir con los compromisos adquiridos en marco de las conversaciones de paz Gobierno-ELN relacionados con el alivio humanitario y las medidas de protección en las comunidades indígenas y negras de las regiones de la zona crítica Calima-San Juan; cuarto, la inclusión de las salvaguardias del enfoque Mujer, Familia y Generación en las herramientas de seguimiento y supervisión del cumplimiento 3 en el Acuerdo de Paz 2016. Además, solicitan a los gobiernos internacionales como a la ONU que mantengan relaciones con el Gobierno colombiano y lo presionen para que apoye la implementación efectiva del Capítulo Étnico, como las medidas de protección colectiva e individual de las comunidades indígenas y negras.
¿Cuáles son las preocupaciones de las organizaciones sociales y la comunidad internacional?
Las organizaciones firmantes de la misiva manifiestan que los continuos efectos de la minería ilegal y el narcotráfico en las comunidades y territorios étnicos hacen que los actores armados ilegales y legales lleguen a los territorios ancestrales, afectando la diversidad y la seguridad en las comunidades.
Asimismo, señalan la falta de implementación de las medidas de protección individual y colectiva de comunidades indígenas negras y campesinas. Además de la falta de financiación necesaria para abordar la crisis humanitaria por los equipos negociadores Gobierno-ELN, que se evidenció en la Caravana Humanitaria realizada en el mes de enero de 2023. A esto se suma, según las organizaciones, la decisión unilateral por parte del Gobierno colombiano de reducir la zona geográfica de atención a la crisis humanitaria acordada, llevando a la exclusión las comunidades que están en ríos Naya, Baudo, Dagua, Yurumangui, Raposo, Cajambre, Anchicaya, Mayorquin.
Finalmente, enfatizan que, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con enfoque étnico es un asunto de Estado y no de Gobierno.
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