El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sentado en los atriles del Congreso, el 28 de julio de 2004, junto a Ernesto Báez y Ramón Isaza – crédito Colprensa
La alianza de la derecha colombiana junto con organismos de seguridad, fiscalía, ejército, CTI y el grupo criminal paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia expandió la criminalidad, el narcotráfico y asesinó a cientos de civiles en Norte de Santander y en toda Colombia, en el periodo político más criminal gobernado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia funcionó entre 1999 y el año 2000. Salvatore Mancuso llegó a Cúcuta, enviado por sus jefes, Carlos y Vicente Castaño, con el fin de apoderarse de los millones de dólares que dejaba la actividad del narcotráfico en el Catatumbo, una zona que hasta finales del siglo XX perteneció a las guerrillas de las FARC y el ELN. A pocos kilómetros del puente Simón Bolívar, que separa la población de San Antonio del Táchira con Cúcuta, se ubicaba un prostíbulo llamado Rumichaca. En 1998 ocurrió en ese lugar la reunión donde Mancuso ungió a Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, como cabecilla del Frente Fronteras que pertenecía a una estructura más grande, el Bloque Catatumbo, que estaría a cargo de Mancuso. La estrategia, por supuesto, fue el terror y el soborno.
De todas las masacres que hubo en el Catatumbo dos se recuerdan con escalofríos. El 21 de agosto de 1999, con el respaldo del ejército, el Bloque Catatumbo, en una acción comandada Armando Alberto Pérez Betancourt, conocido por el alias de Camilo, entró pateando la puerta en el corregimiento de La Gabarra, a orillas del río Catatumbo. Hasta ese momento era una población de economía boyante gracias al narcotráfico. Hasta ese momento estaba controlada por las FARC. Con lista en mano los paras mataron en una sola noche entre 35 y 43 personas.
La cifra de víctimas nunca ha sido concluyente. Desde ese momento se quedaron con La Gabarra que les daba, según información de la ONG Progresar, 32 millones de dólares anuales. Para terminar de consolidar su poder en el Catatumbo, las AUC perpetraron otra masacre, esta vez en la capital de esa región, Tibú, famosa por haber albergado durante décadas a ingenieros petroleros venidos de Estados Unidos tras la concesión Barco.
El 6 de abril del año 2000 paramilitares mataron a cuchilladas a veinte personas en los barrios La Unión y el Triunfo. Esta vez no hubo listas. Esa vez se mató por matar, por generar horror. La necesidad de usar cuchillos fue esa, generar estupor. Desde entonces las masacres se repitieron en esa zona de Norte de Santander y en otras partes del departamento.
La Gabarra sólo fue un punto más en el mapa. Al Tarra le dieron durísimo, a Herrán, el Carmen, Ocaña, Lourdes, San Calixto, Puerto Santander, Cornejo y Cúcuta. Las cifras son escalofriantes. Según el diario La Opinión existe un archivo en donde están reseñadas 13.919 personas muertas entre los años 1997 y 2005, plena hegemonía paramilitar. Fueron más de 1.000 hombres de las Autodefensas. El Iguano no fue el único comandante. Son muchos los habitantes del Catatumbo y Norte de Santander que recuerdan con horror los nombres de Albeiro Valderrama Machado, alias Piedras Blancas; Lenin Giovanni Palma Bermúdez, alias Álex y José Mauricio Moncada, alias Mocoseco, quienes estuvieron al frente del despojo, las desapariciones, las masacres, las torturas, los desmembramientos que vivió Norte de Santander y su capital. En todas las acciones que hicieron los paramilitares en ese departamento, por esos años, se contó con el apoyo de los coroneles William Montezuma y Víctor Hugo Matamoros.
El Cementerio Central de Cúcuta guarda secretos que descubren como los funcionarios locales se prestaron hasta para cubrirle los crímenes a los paramilitares. En febrero del 2024, después de que Mancuso diera las indicaciones, fueron desenterrados del cementerio central 3.800 cuerpos de personas que habían sido dadas durante décadas como desaparecidos.
Jorge Iván Laverde, según reveló la Fiscalía en el año 2011, destinaba 80 millones de pesos mensuales -dinero de la época- para pagar una nómina en donde se incluían miembros de la fiscalía, del CTI y del ejército. Les daban regalos carísimos como camionetas último modelo. Lo que pidieran. Los bolsillos de los paramilitares estaban gordos. Al narcotráfico del Bloque Catatumbo se sumaba la extorsión y el hurto de ganado que recogía 200 millones de pesos al mes.
Esa plata era destinada a pagarle millonadas a Ana María Flórez Silva, directora para la fiscalía en Arauca y Norte de Santander. Poco antes de que fuera condenada la Batichica, como le decían huyó a Miami y de ahí a Costa rica. También fue condenada por soborno su asistente en la fiscalía, Magali Yaneth Moreno. También estaba en la nómina de los paras el director del DAS de ese momento, Jorge Enrique Díaz y el subdirector de esa entidad, Viterbo Galvis Mogollón. Mientras tanto, uno a uno, iban cayendo activistas de los derechos humanos como Iván Villamizar Luciani, el poeta y ex alcalde de Tibú Tirso Vélez, o el líder Carlos Salvador Bernal. Además había otras formas de horror.
En el año 2001, entrando al corregimiento de Juan Frío en Villa del Rosario, a escasos 15 minutos de Cúcuta, los paras del Iguano hicieron un retén. Fueron bajando uno a uno a personas que iban a sus casas y las fueron asesinando. Se estima que en una noche asesinaron a 15 personas. En Juan Frío el Iguano ideó uno de los métodos más abominables conocidos en sesenta años de guerra en Colombia: los hornos crematorios, que fueron trapiches adaptados para hacer cenizas a los cuerpos de todo aquel que fuera sospechoso de insurgencia.
En Cúcuta los paras estaban como en casa. Entre el 3 y el 6 de diciembre los hombres del Iguano asesinaron a seis comerciantes de la central mayorista de Cenabastos simplemente porque se rehusaron a pagar extorsiones. Mataron cuenteros, poetas, estudiantes. Todo lo que les oliera a izquierda. Y contaban con la clase política para lograrlo.
El director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, fue quien lideró la investigación que terminaría quitándole el velo al gran atentado a la democracia colombiana, la parapolítica. En las elecciones del 2002 candidatas como Rocio Arias o Eleonora Pineda consiguieron votaciones extraordinarias gracias al apoyo económico y a la presión que hicieron los paras en zonas donde tenían alta influencia como el Bajo Cauca o Tierralta Córdoba. En Norte de Santander y en Cúcuta los paramilitares también movieron sus fichas en las elecciones del 2002.
Según declaraciones del Iguano apoyaron al candidato al concejo de la ciudad Elías Galvis con 20 millones de pesos. A Ricardo Elcure Chacón, candidato a la gobernación, según Verdad Abierta, “El Iguano’ supuestamente le entregó 200 millones de pesos al político, a cambio de que los ‘paras’ ganaran cinco por ciento de toda la contratación departamental. En 2009 Elcure, del partido Colombia Democrática de Mario Uribe, fue condenado a seis años de cárcel por ‘parapolítica’”.
El otro gran político de la época, Ramiro Suárez Corzo, fue condenado por haber asesinado al asesor jurídico de su alcaldía apoyándose en los paramilitares.
La estela de los paras pervirtió todas las capas de la sociedad cucuteña. La influencia que aún mantiene Ramiro Suárez entre los barrios más populares de la ciudad, es el reflejo de que esta época aún no se olvida y a pesar de todo el horror se ve con nostalgia. La verdad sobre el paso de los paras por la ciudad y Norte de Santander aún la deben personajes como Mancuso quienes deben estar aún más comprometidos con ayudar a forjar una Historia Oficial que nos ayude a jamás volver a presenciar una invasión territorial de este tipo.
Publicado en Pares.
Para ampliar información pueden leer https://voragine.co/historias/investigacion/mancuso-uribe-siempre-tuvo-conocimiento-de-la-operacion-del-aro/
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