La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, y el presidente Daniel Noboa en Carondelet, el 22 de enero de 2024.
Después de 16 años sin bases militares de Estados Unidos en Ecuador, el presidente Daniel Noboa busca el regreso de militares, pese al rechazo de los connacionales por el incremento de la violencia social.
La propuesta del presidente Daniel Noboa de levantar la restricción de bases militares extranjeras en Ecuador, presuntamente para erradicar el narcotráfico y el crimen trasnacional, buscaría una reforma a la Constitución de 2008, impulsada por el presidente Rafael Correa.
La Constitución, en su artículo 5, reza: «El Ecuador es un territorio de paz». No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras».
La propuesta de Noboa debe ser valorada por la Corte Constitucional si es apta para la nación; de dar el visto bueno, pasará a la Asamblea Nacional, que decidirá si se aprueba o no; de ser aprobada pasará a una reforma constitucional en la que convocarían a un referendo.
El jefe de Estado argumenta que la decisión de prohibir explícitamente la operación de las fuerzas castrenses foráneas no se tradujo en la recuperación de la soberanía nacional, sino en la entrega del país «al narcotráfico».
«Ese fue el primer pacto con el crimen trasnacional. En esta lucha por recuperar el país, es el pacto que tenemos que revertir y quebrar», anunció mediante un vídeo grabado desde la antigua base militar de Manta.
¿Por qué los ecuatorianos expulsaron bases militares estadounidenses?
Mediante un referendo en 2008, los ecuatorianos decidieron no permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en su país por «un enclave ilegal e ilegítimo de militares estadounidenses que gozaban de inmunidad» y «cuyas acciones vulneraban la soberanía nacional (…) Esta base, más que un control antinarcóticos, se convirtió en un apoyo al gobierno colombiano en su política militarista», destacó la Coalición.
«Desde la instalación de la FOL en la base de Manta, se develaron algunos conflictos: aumento de trabajadoras sexuales, desalojo de familias campesinas, hundimiento de barcos pesqueros y la desaparición de pescadores, la interdicción de buques con migrantes, las limitaciones a las faenas de pesca por razones de ‘seguridad’ y el riesgo para las poblaciones cercanas a los polígonos de tiro», detalló la Coalición No Bases.
¿Quién dio la entrada de bases extranjeras?
En el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000), se firmó un convenio con EE.UU. para un periodo de 10 años para la instalación de una base militar. Contrato que no fue renovado por el entonces, presidente Rafael Correa.
Fue así como Estados Unidos instaló en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, un Puesto Operativo de Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) con el propósito de luchar contra el narcotráfico.
Más bases militares de EE.UU., más narcotráfico
La presencia de bases militares de Estados Unidos en Latinoamérica, presuntamente para erradicar el narcotráfico, deja ver cero eficacia por el incremento en la producción y tráfico globales de la cocaína que registran los máximos históricos.
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), en Bogotá, Colombia, reporta un incremento del 13 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 204.000 en el año 2021 a 230.000 en el 2022.
A finales de 2022, Estados Unidos tenía instaladas 12 bases militares en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia, 8 en Perú, 3 en Honduras, 2 en Paraguay, así mismo en Araba, Costa Rica y El Salvador.
Sobre el autor
