Foto de archivo.
Conexiones entre crimen organizado, delitos ambientales y contratación estatal se realizaron en el gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022). Según la más reciente investigación del Espectador, la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre (UNGRD), compró madera deforestada del Parque Natural de Paramillo, área de conservación natural, al grupo criminal paramilitar Clan del Golfo para reconstruir San Andrés y Providencia, Colombia, tras el paso del huracán Iota, en noviembre de 2020.
La madera fue comprada por la UNGRD a la empresa Maderas el Amparo, empresa comercializadora de madera en el departamento de Montería, Córdoba, y que, según la Policía y la Fiscalía, deforestó el Parque Nacional Paramillo, entre 2016 y 2023; área protegida de conservación ambiental, entre Antioquia y Córdoba, de 460.000 hectáreas. Por su ubicación geográfica, es el corazón de operaciones del grupo terrorista paramilitar Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia, actualmente al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego o Chiquito Malo.
«El 28 de octubre de 2021, a las afueras de Montería, Córdoba, la Policía detuvo un camión rojo, doble troque, que transportaba 1.002 listones de madera que iban para la base naval de Cartagena; la persona que se movilizaba en el camión aportó una factura de maderas El Amparo en la que el cliente era la UNGRD», refiere la investigación.
Los folios de investigación indican que Maderas El Amparo no era la primera vez que movilizaba madera extraída ilegalmente para San Andrés y Providencia, sino que servía de intermediarios y compradores de los listones que terminaron en la isla.
Otra de las empresas implicadas en la corrupción es Asglobal, representada por Víctor Marenco Betín y quien confirmó su relación con Maderas El Amparo, a la cual le compró, según sus cálculos, cerca de 16.000 listones en 2021.
De acuerdo a dos facturas, la madera fue vendida a dos empresas: la primera Inacon SAS, con quien la UNGRD firmó en septiembre de 2021 uno de los contratos para reconstruir 22 viviendas en Providencia. El representante de Inacon, Juan Gabriel Portilla Colunge, se desmarcó de cualquier relación con Maderas El Amparo, y aseguró que la obra fue finalizada en junio de 2022 con éxito.
Además, desde la compañía advirtieron que, para la reconstrucción de San Andrés y Providencia, tuvieron un primer contrato en enero de 2021 para aportar dicha madera, que iba a ser usada para la primera fase de la reconstrucción de viviendas. Un contrato que, por tratarse de un asunto «urgente, era difícil rastrear» que los listones provenían de Maderas El Amparo. Luego, dice la misma compañía, la madera que usaron para el contrato que suscribieron con la Unrgd y Findeter en septiembre de 2021 para la reconstrucción habría sido adquirida en una ferretería de San Andrés.
La segunda empresa a la que Marenco Betin le vendió madera (11.076 listones) fue Colgran SAS, representada legalmente por Yuliet Alexandra Álvarez. Una compañía que ya ha contratado con el Estado, pero para labores completamente diferentes. Han tenido contratos directos relacionados con la entrega de kits alimentarios para las Fuerzas Militares, la tercera edad y poblaciones vulnerables en Cundinamarca y Caldas. Incluso, durante la pandemia del Covid-19, la Ungrd suscribió un contrato por $1.800 millones con esta empresa para proveer alimentos a comunidades en la Sabana de Bogotá. El Espectador, se intentó comunicar por varias vías con la compañía, pero al cierre de esta publicación no obtuvo respuesta.
Este diario también buscó a Ariel Enrique Zambrano Meza, quien era el subdirector para el Manejo de Desastres de la Unrgd durante el gobierno de Iván Duque, y quien suscribió el contrato con Inacon relacionado con los listones de madera. Aunque respondió en un inicio a nuestros mensajes, después dejó de hacerlo. Zambrano Meza fue recientemente llamado a juicio disciplinario por parte de la Procuraduría por un posible incumplimiento en la prevención y manejo de la emergencia causada por el rompimiento del jarillón Caregato en la zona de La Mojana, Bolívar. El daño de esa infraestructura provocó inundaciones que causaron millonarias pérdidas materiales y afectaciones a la infraestructura local.
La Fiscalía tiene en interceptación de llamadas y movimientos de dinero que darían cuenta de la empresa El Amparo, representada por los hermanos Ruby y Germán Villalba Luna, su relación comercial con el grupo criminal paramilitar Clan del Golfo de extraer madera ilegal del Nudo de Paramillo. «Un informe del CTI de la Fiscalía calcula que, por este tráfico ilegal, los hermanos Villalba se lucraron con más de $6.000 millones entre 2016 y 2023. Además, calculan que, durante ese mismo lapso, la estructura ilegal deforestó 400 hectáreas del parque natural, un terreno que equivale, aproximadamente, a 200 canchas de fútbol».
La Fiscalía capturó a Ruby y a Germán Villalba en junio de 2023, quienes deberán responder en audiencia el próximo 30 de septiembre de 2024, por los delitos de concierto para delinquir y explotación ilícita de recursos naturales, ante el juzgado especializado de Montería.
En octubre de 2021, los hermanos Villalba fueron capturados, junto a siete personas, por deforestar el parque natural. En su momento suscribieron el acuerdo de principio de oportunidad en el que se comprometían a confesar y colaborar con la justicia a cambio de una rebaja de pena.
«Por esa razón, se solicitó a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, como víctima en el proceso y autoridad ambiental, de avalar el proyecto de reforestación propuesto por los procesados y su defensa». Casi dos años después, en mayo de 2023, fueron recapturados por seguir deforestando ilegalmente.
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