Exjefe paramilitar «Otoniel» delata a sus cómplices desde Estados Unidos, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y va por más…
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió el proceso de investigación a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia y al caso 08 de la JEP, tras las declaraciones del narco paramilitar Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de Otoniel desde la cárcel de Estados Unidos, sobre la participación de políticos, empresarios y militares en la organización criminal Clan del Golfo.
La compulsa de copias realizada por la JEP fue realizada el pasado 24 de octubre y se esperan las acciones que tomarán la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el propio Tribunal que investiga el caso 08.
La JEP indica que un antiguo comandante de la Brigada XVII, seis agentes del Estado en Casanare y Arauca y tres civiles, fueron fundamentales para consolidar el paramilitarismo en esos departamentos.
Entre los investigados está el Mayor General Carlos Omairo Lemus Pedraza, por presunta connivencia con grupos paramilitares en el departamento de Arauca, durante su comandancia de la Brigada XVIII del Ejército Nacional de Colombia entre el 2000 y 2003.
En la investigación aparecen tres exgobernadores: Julio Acosta Bernal, exgobernador de Aracua, quien también ostentó el cargo de excónsul de Colombia en Singapur y ex representante a la Cámara por el mismo departamento, habría facilitado el ingreso del bloque paramilitar «Vencedores de Arauca» para expandir la organización narco paramilitar en la región.
Los otros dos exgobernadores investigados son Heilí Cala López, exgobernadora de Casanare y ex representante a la Cámara, quién habría dado apoyo logístico a los paramilitares. Óscar Raúl Iván Flores Chávez, exgobernador del mismo departamento, habría brindado su apoyo para consolidar las actividades delictivas de la organización narcoparamilitar.
La JEP también investiga a dos exsenadores: Milton Rodríguez Sarmiento, quien habría colaborado y financiado al Bloque Centauros en el departamento de Casanare. Por su parte, el exsenador Carlos Cárdenas Ortiz habría participado en la consolidación y control paramilitar en el mismo departamento.
En esta lista de investigados, también están autoridades de la Universidad de Cartagena, el rector Sergio Hernández Gamarra, que presuntamente financió a las Autodefensas Unidas de Colombia, y Sigifredo Gónez Torreglosa, contratista de la misma Universidad, quien habría ejecutado contratos para financiar a los paramilitares.
Así mismo aparecen Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, quien presuntamente colaboró para establecer el Bloque Vencedores de Arauca.
Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura de Casanare, quien de forma presunta facilitó la apropiación de recursos públicos que terminaron en los bolsillos de los paramilitares.
Para la JEP, los crímenes de concierto para delinquir agravado se clasifican como delito de lesa humanidad, como lo indica la Corte Suprema de Justicia. Además, el tribunal considera que el apoyo prestado a estos grupos paramilitares es considerado de carácter imprescriptible.
Las autoridades declararon penalmente a integrantes del Bloque Centauros y del Bloque Vencedores de Arauca por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en los años 2000 y 2006.
«Otoniel» delata a sus cómplices desde Estados Unidos
Desde la cárcel en Estados Unidos, el exjefe paramilitar Otoniel comenzó a dar nombres de los políticos, empresarios, universidades y militares que ayudaron a expandir y consolidar la criminalidad del grupo narcoparamilitar Clan del Golfo, también conocido con denominaciones de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Águilas Negras. En este capítulo empezó por las personas que colaboraron en los departamentos de Arauca y Casanare.
Alias «Otoniel» declaró que las personas mencionadas ayudaron a los paramilitares del Bloque Centauros y el Bloque Vencedores de Arauca a perpetrar violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario al cometer asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y masacres, facilitando su accionar criminal.
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