Migrantes rumbo a Estados Unidos. © AP Photo / Ross D. Franklin
Por: José Negrón Valera
En un giro que promete intensificar las ya restrictivas políticas migratorias de Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado que, de ser reelecto, implementará la deportación masiva de inmigrantes mediante la controversial Ley de Enemigos Extranjeros.
Esta medida, que amenaza con deportaciones sin precedentes y sin un proceso adecuado, ha generado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos y expertos en migración.
En entrevista con Sputnik, Ana Salazar, coordinadora de investigación de la Organización No Gubernamental SURES, advirtió sobre las graves consecuencias de esta política para la comunidad migrante, especialmente los venezolanos en Estados Unidos.
Trump y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
Durante su campaña, Trump hizo de la inmigración uno de los pilares de su discurso, prometiendo «una deportación masiva» y la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, un instrumento de «finales del siglo XVIII (cuando John Adams era presidente)», que permite al primer mandatario estadounidense deportar personas de países con los que Estados Unidos se encuentra en conflicto. Salazar señaló que este tipo de discurso, ya presente en su anterior mandato, responde a «una tendencia comprobada de políticas sumamente restrictivas y punitivas», y que ahora, bajo una nueva Administración, podría retomarse con aún más fuerza, afectando a cientos de miles de inmigrantes que viven en Estados Unidos con permisos temporales.
«Trump ha planteado que usará la Guardia Nacional para llevar a cabo la deportación más grande en la historia del país. Esta política sería masiva y afectaría a personas amparadas bajo programas temporales promovidos por la Administración Biden», explicó Salazar.
Al incluir posibles restricciones de viaje y controles ideológicos, la iniciativa no solo apunta a la deportación de quienes carecen de estatus regular, sino que impactará a aquellos cuya situación legal depende de permisos temporales, como el parole humanitario.
La Ley de Enemigos Extranjeros, aunque arcaica, representa un riesgo latente para miles de migrantes, en un contexto en el que el discurso político estadounidense vuelve a situar a la migración en el centro de la polarización social. Salazar señaló que la última vez en que esta ley se utilizó con regularidad fue durante la Segunda Guerra Mundial, para deportar a alemanes, italianos y japoneses tras el ataque a Pearl Harbor. «Esta referencia histórica ya en sí misma es un indicador importante», comentó, subrayando la gravedad de aplicar esta ley en el contexto actual.
Salazar reiteró que «estas medidas no están diseñadas para respetar el debido proceso» y se basan en la criminalización de la migración, situación que podría reproducirse en la gestión de Trump si vuelve al poder. Al tratar a los migrantes como amenazas, en lugar de personas en búsqueda de mejores oportunidades o condiciones de vida, se limita su acceso a derechos fundamentales y se les coloca en una posición vulnerable y de precariedad estructural.
Impacto en la comunidad venezolana
La situación de los venezolanos en Estados Unidos podría ser especialmente precaria si se implementan estas medidas. Según Salazar, la deportación masiva implica un retroceso en el estatus de muchos migrantes que «perderían los permisos temporales, cayendo en una situación de vulnerabilidad económica y social». Agrega que la medida no permite un análisis individual de cada caso, lo que provoca que «los migrantes sean tratados como una amenaza a la seguridad nacional sin el debido proceso».
Para Salazar, el impacto en los venezolanos podría traducirse en una «discriminación generalizada y una precariedad socioeconómica» que afectará tanto su acceso al trabajo como a servicios esenciales. Esta situación, dice, «genera una discriminación y criminalización de los migrantes en general y de los venezolanos en particular, exacerbando la xenofobia».
Salazar también hizo un llamado a los venezolanos que están considerando migrar a Estados Unidos a evaluar cuidadosamente sus decisiones. «Es crucial que se informen sobre las condiciones actuales y que tengan claro que los permisos temporales no garantizan un estatus migratorio permanente», advirtió. Para quienes ya se encuentran en tránsito, recomendó evitar los movimientos sin documentos adecuados, subrayando los riesgos de caer en manos de traficantes de personas o redes de trata que explotan la migración venezolana.
Además, Salazar subrayó que «no deben emprender un movimiento migratorio sin planificación, ni dejarse llevar por falsas promesas». Para ella, la falta de documentación adecuada y la falta de planificación exponen a los migrantes a riesgos innecesarios, tanto en su trayecto como en su llegada a Estados Unidos, donde el escenario migratorio es cada vez más incierto.
Recomendaciones para el Gobierno venezolano
Ante la falta de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, Salazar enfatiza la importancia de que el Gobierno venezolano mantenga un seguimiento cercano de estas políticas.
«Recomendamos que se conforme una mesa o sala situacional para seguir de cerca cualquier tipo de medida tomada por la Administración Biden y, en su momento, por la de Trump», mencionó.
Salazar destaca que este monitoreo permitiría anticipar los impactos de las políticas en la comunidad migrante venezolana y diseñar estrategias para proteger sus derechos.
En este contexto, la creación del Viceministerio para la Atención Integral de los Migrantes es vista por Salazar como una herramienta importante para ofrecer asistencia y orientación a los venezolanos en Estados Unidos. «Este viceministerio puede establecer protocolos para atender casos en los que los migrantes requieran asesoría o apoyo si desean regresar voluntariamente», explicó.
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