La incursión paramilitar junto al Ejército nacional de Colombia en 1997 en la comunidad El Aro asesinó al menos a 16 personas, 1.400 fueron desplazadas forzadamente y abusaron sexualmente de varias mujeres.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoció a la comunidad del corregimiento de El Aro, en el municipio de Ituango, Antioquia, como víctima colectiva dentro del Caso N° 08, que investiga crímenes cometidos por miembros del Ejército y otros agentes del Estado colombiano, grupos paramilitares y terceros civiles en el histórico conflicto político, social y armado.
El fallo de la JEP señala que la comunidad de El Aro sufrió violaciones masivas a los derechos humanos durante la incursión paramilitar de octubre de 1997, en la que al menos 16 personas fueron asesinadas, más de 1.400 desplazadas forzadamente, bienes fueron saqueados y se registraron episodios de violencia sexual.
En la decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad enfatizó que este reconocimiento permite a la comunidad participar activamente en el proceso de búsqueda de la verdad y en las medidas de justicia restaurativa.
“El reconocimiento como sujeto de reparación colectiva fortalece el derecho de la comunidad a la memoria, a la verdad y a la reparación integral”, se lee en el auto judicial OPV 235 GSAM 121-25 del 6 de marzo de 2025.
Según el fallo, la solicitud se fundamentó en el impacto colectivo de los crímenes sufridos, lo que permite su reconocimiento dentro de un macroproceso de esclarecimiento de patrones de violencia.
El reconocimiento también implica que la comunidad podrá actuar como interviniente especial en el proceso, con Tulio Hernán Mejía Muñetón como vocero designado. Esto les permitirá aportar pruebas, presentar testimonios y contribuir en la construcción de la verdad sobre lo ocurrido en la región.
El fallo de la JEP destaca que el desplazamiento forzado y la estigmatización de la comunidad generaron una fractura social profunda, impidiendo el retorno de muchas víctimas. “Nunca regresaron al corregimiento porque se destruyó casi en su totalidad y no existían garantías de seguridad”, señala la decisión. Además, subraya que la violencia sexual en la zona fue parte de un patrón sistemático de agresiones contra la población civil.
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