La palabra en la escena política puede ser incendiaria, pero también garante de consensos. Puede azuzar a la guerra o impulsar pactos de nación en momentos de divisiones que pudieran parecer insuperables.
Contra la palabra que incitaba a la conversión del adversario político en enemigo a muerte, Jorge Eliécer Gaitán convocó formas de resistencia pacífica, como la Marcha del Silencio y su memorable Oración por la Paz, en la Plaza de Bolívar. Fueron eventos en los que incluso, más que la palabra, el silencio tenía enormes resonancias simbólicas. —Vuestro silencio es grito —les decía Gaitán a multitudes expectantes. El país político de entonces no escuchó ese silencio y optó por la violencia. Gaitán fue asesinado y tras él cayeron más de doscientas mil víctimas en esos años del odio, con una seguidilla de acuerdos excluyentes, que ahondaban las desigualdades y daban nuevos motivos para reactivar el resentimiento social.
No creo en la repetición de la historia, pero sí en la repetición de los errores. Cuando al pueblo no se le escuchan sus memoriales de agravios, y se lo expulsa de la comunidad política, como sucedió a fines de los años cuarenta, o se le expropia la palabra, como sucedió en largos años de Estado de sitio, se instalan las vías de hecho y pueden cobrar legitimidad otros poderes.
Nuestra sobrevivencia y reputación como nación democrática, dentro y más allá de nuestras fronteras, reside en la palabra, en el diálogo y no en las balas. Lamentablemente, los contenidos, los métodos y la retórica que circulan hoy en el debate público nos vuelven a poner en alerta. No hemos encontrado el camino para hacer realidad duradera la apertura social y política que prometían los Acuerdos de La Habana: ese momento único de recuperación de la fuerza transformadora de la palabra y el diálogo, pero que para muchos es sinónimo de impunidad y claudicación, y no de profundización democrática. No hemos logrado traducir esos acuerdos en punto de partida para abordar temas de agenda social e internacional, que hemos aplazado por décadas, y que nos mantienen en fragilidad permanente. Las expectativas iniciales parecieran entonces retrotraerse, y en lugar de aprender de nuestro pasado, estamos una vez más desaprendiendo.
Las tensiones e incertidumbres que nos asedian hacen eco a las que el país no supo responder en los años precedentes a 1948 y nos plantean hoy retos ineludibles, como estos: contrarrestar los discursos del odio y el miedo, disfrazados a menudo con ropaje democrático; estructurar sobre razones y no sobre emociones las diferencias programáticas; y revalorar el disenso y la protesta ciudadana como elementos sustantivos de la convivencia y la legitimidad de las instituciones estatales.
Tenemos que responder entre todos a estos y otros desafíos de futuro. Tenemos que cumplir la palabra empeñada como Estado y eso no es otra cosa que cumplirle a la paz. La paz que se pactó y se negoció unay otra vez. Colombia no puede permitir que la violencia le vuelva a ganar la partida a la palabra.
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