El presidente Duque gobierna contra sí mismo y contra el país. Puso a Colombia frente a falsos dilemas, y se quedó sin soluciones. Que objeciones sí, o no; que glifosato sí, o no; que intervención militar en Venezuela sí, o no; que modificación de los Acuerdos de La Habana sí, o no. Pero la sociedad política no cabe en esas dicotomías.
La sana lógica imponía que el gobierno, cualquiera que fuera a partir del 7 de agosto de 2018, daría continuidad y garantías para la consolidación de la paz negociada, en bien del país, tranquilidad de la muy expectante comunidad internacional y beneficio del propio gobierno, que, teniendo despejado el horizonte de paz, podía dedicarse a ejecutar su propia agenda. Un país reconciliado o en proceso de serlo, se suponía, era más fácil de gobernar, de integrar y proyectar a la conquista de nuevos desafíos que un país prisionero de su pasado bélico.
Duque tuvo en sus manos la opción más fácil: completar la tarea. Pero se descarriló. Decidió hacer trizas la agenda de la paz, e hizo trizas de paso su propia agenda. Ahora no tiene cómo avanzar, y tampoco cómo retroceder o enderezar el rumbo. Se dedicó a darle crédito a los pregoneros de la guerra y el odio, y quedó atrapado en su propia incoherencia. Entre incendiar o reconciliar, optó por incendiar, cuando el país pedía a gritos reconciliar.
En estos días difíciles, los comportamientos sociales se alteraron de manera impredecible: percibimos que estábamos más divididos por la guerra de las palabras que lo estábamos por las armas. Que estábamos más enfrentados en tiempos de paz que en tiempos de guerra. Descubrimos que aún predomina el pensamiento único, el del 5-0. Cualquier otro resultado de las interacciones sociales es inaceptable. La política no se ve como juego o alternancia, de mayorías o minorías, sino de vencidos y vencedores. Se trasladaron entonces a la política las representaciones bélicas: no caben las transacciones. El único buen resultado es el de la derrota. No se soporta, de hecho, incomoda el fin negociado del conflicto. No se valora el disenso. El acuerdo es deshonrado y promovido como claudicación, como marco de impunidad. En el día a día se escuchan añoranzas de guerra y voluntad de desandar el camino para volver a una soñada y quizás imposible solución militar.
Los incendiarios se atrincheran en el pasado; los reconciliadores le siguen apostando al futuro. A la institucionalidad surgida de las negociaciones se le asigna ahora un nombre caricaturesco: "el estado de cosas antijurídico, según el pretendido héroe moral de última hora, el exfiscal Martínez Neira. Para él y sus aúlicos, el único estado de cosas jurídico es el de la cárcel y la humillación para los desmovilizados, y el desconocimiento de las decisiones judiciales por parte del propio gobierno.
Incendiar es desde luego asesinar a líderes sociales, de tierras, y explicar sus muertes con justificaciones, trivializaciones o evidente desvío de las rutas de la investigación.
Incendiar no es necesariamente disparar… Incendiar es también promover discursos de legitimación del exterminio a los desmovilizados con el argumento de que, si estábamos ad portas de liquidarlos, ¿por qué no terminar la tarea? Incendiar es bloquearle las salidas a la insurgencia en la arena política, o matándole a sus militantes comprometidos con la paz. Incendiar es tratar a un prisionero enfermo con métodos de sedación y oprobio ensayados por los nazis. Incendiar es fabricar delitos, con agencias extranjeras asociadas a autoridades nacionales, en lugar de prevenirlos.
Incendiar es azuzar al ejército a " matar como sea" hasta que prestigiosos periódicos internacionales digan, con el testimonio de militares honestos que la ciudadanía debe proteger decididamente, que no se puede así, que lo que se sospecha ya es indecente a los ojos de la opinión mundial y a los códigos de honor de la guerra. Incendiar es ponerle cizañeras objeciones a la justicia, y desconocer las más altas jerarquías constitucionales. Incendiar es criminalizar a la justicia, tratar a sus magistrados, sin razones, como delincuentes, como promotores de la impunidad, protectores de la violación de niños y de los peores delitos sexuales.
Incendiar es, por último, tratar con torpeza innombrable a los contradictores internacionales, y rotular como fletados de la (ex)insurgencia a los reporteros del New York Times, del Washington Post, de la Agencia France Press, o del más humilde periódico o emisora local, que esclarecen atrocidades de la guerra. Estas son unas cuantas formas de incendiar. Hay, por supuesto, muchas más. El diccionario del odio y la conflagración crecen día a día en Colombia a medida que se acerca la contienda electoral.
Con todo, y para fortuna de este país, hay quienes no caen en las trampas del odio. Cuando, en medio de las provocaciones, el ex fiscal general invitaba con aires golpistas a movilizarse contra la institucionalidad, las FARC, que vienen de regreso de la guerra, invitaban a seguir defendiendo la paz y a mantenerse dentro de la institucionalidad. ¡¡Cómo se han trastocado los papeles en la Colombia post-Habana!!
Por supuesto, en el camino se van clarificando cosas. Y lo cierto es que, por el momento, la salida ya no está dentro del gobierno, ni de sus fuerzas políticas, sino por fuera de él y de ellas, en la oposición y en la sociedad comprometida y movilizada por la paz.
A la búsqueda de una línea autónoma de acción nos obliga el desalentador programa negativo de un gobierno que, como va, corre el riesgo de ser recordado no por lo que hizo, sino por lo que destruyó.
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