Gustavo Petro (izquierda) junto a Armando Benedetti durante un consejo de ministros, este martes en Casa de Nariño en Bogotá (Colombia).Foto: Presidencia De Colombia (EFE) | Vídeo: Presidencia de Colombia
20 mil armas le habrían entregado el expresidente Álvaro Uribe al grupo narcoparamilitar para que cometieran crímenes contra la población en Colombia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en Consejo de Ministros denunció la pérdida de 62.664 armas de fuego oficiales estarían en manos de organizaciones criminales por la falta de control en las empresas de vigilancia y seguridad privada que tienen licencias, pero aparecen inactivas.
La información se conoció tras la investigación liderada por Yenniffer Parra, en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además, se halló que 197 empresas de vigilancia y seguridad privada con licencias vigentes, pero que en el sistema de la Supevigilancia aparecen inactivas, lo que significa que no tienen control de la entidad.
El mandatario colombiano explicó que, en esa investigación se encontró “que los sistemas de información de la Supervigilancia hay reportadas e identificadas 40.692 armas particulares con licencia oficial, revisando las empresas inactivas y lo que ha aprobado la Superintendencia desde 1993”.
A esta cifra el mandatario le sumó “las 20.000 armas que entregó (Álvaro) Uribe a los paramilitares en Antioquia. ¿Armas oficiales? Sin descartar que estén al servicio del crimen organizado con licencia del Estado”.
El presidente cuestionó el sistema estatal de información y de vigilancia sobre estas empresas.
“¿Qué dicen los sistemas de información? Pues te voy a decir que la Superintendencia tiene unos sistemas de información chimbos, dispersos y vulnerables”, lo que llevó a que durante 30 años no existiera un control eficiente sobre estas entidades de seguridad privada.
“Pasaron 30 años sin control, estuvieron al garete ante los ojos cómplices de quienes siempre han querido pasar por encima de la ley y hoy estamos encontrando lo que sospechábamos”, manifestó.
Además, el mandatario destacó que durante su Gobierno la Superintendencia realizara de manera efectiva su trabajo de control y vigilancia a las empresas de vigilancia, departamentos de seguridad, transportadoras de valores y escuelas de capacitación de este sector.
El estudio incluyó a 1.351 empresas activas, 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores”.
En las pesquisas, la Superintendencia halló que en los hechos irregulares habían participado funcionarios públicos.
“El año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento, nosotros lo hicimos, porque fueron tramitadas irregularmente, incluso, en esos hechos de corrupción tuvieron participación funcionarios nombrados en este Gobierno, que fueron removidos inmediatamente de sus cargos y sobre lo cual se interpusieron las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación”, denunció el presidente.
Así va la investigación
El jefe de Estado recalcó que una investigación articulada con la Fiscalía General de la Nación y otras entidades se logró la captura de los representantes legales de empresas de vigilancia “con claras evidencias de estar al servicio de organizaciones al margen de la ley”.
La Superintendencia expidió un boletín de prensa en el que se reportó la captura de tres representantes legales de empresas de seguridad y el embargo, secuestro y toma de posesión sobre bienes avaluados en más de 1.800 millones de pesos.
Igualmente, se logró dar un golpe a las estructuras criminales del Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, entre otras, las cuales usaban empresas de vigilancia y seguridad privada como fachada de lavado de activos, para legalizar armas de forma fraudulenta y en la comisión de otros delitos.
Entre los detenidos –reveló la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada- están “el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido y el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional; así como Jorge Oswaldo Castaño Galindo, representante legal de la empresa de seguridad Sara LTDA. Las capturas se realizaron en las ciudades de Bogotá y Barranquilla”.
En ese orden de ideas, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado y enriquecimiento ilícito.
En los procedimientos fueron incautados 6 celulares, 3 memorias USB, 3.735 cartuchos de diferentes calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, 5 escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo.
De acuerdo con información recopilada por las autoridades, las empresas vinculadas, al parecer, habrían otorgado permisos como escoltas a personas con requerimientos judiciales y vinculadas a diversas actividades delictivas, y mediante contratos fraudulentos les alquilaban armas y otros elementos.
La Superintendencia indicó que, a través de esta actividad ilícita, los capturados habrían facilitado armas a Edgar Elicio Munévar, alias ‘El Caballista’, y a Jesús Martín Bello, ambos involucrados en la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larison Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’.
Por su parte, la empresa de Castaño Galindo, al parecer, suministró armas de fuego a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magdalena Medio, también judicializado por la fuga de ‘Matamba’; y a Oliverio Isaza Ramírez, alias ‘Terror’, exjefe de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’, quien recientemente fue neutralizado en una operación de la Policía Nacional en Puerto Triunfo (Antioquia).
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